ESTUDIO GUERREIRO - CIENCIAS ECONOMICAS

Empleadas domésticas: ya rige la suba en los aportes para las obras sociales

2011-02-09T11:17:00.000-03:00

El monto destinado a la salud subió de $46,75 a $60 por mes, en tanto se mantuvo sin cambios la cuota previsional de $35 por mes.

A partir del mes pasado, rige un aumento en los aportes destinados a las obras sociales del personal doméstico.

La instrumentación de la suba de los aportes a las obras sociales fue oficializada a través de la resolución 3033 publicada en el Boletín Oficial. Para acceder a la norma haga clic aquí.

En efecto, el aporte y la contribución de salud del personal doméstico subió de $46,75 a $60 por mes, en tanto se mantuvo sin cambios la cuota previsional de $35 por mes. Por ende, el aporte total por cada afiliado, subió de $81,75 a $95, lo que representa un incremento del 16,2 por ciento.

Complementariamente, por cada familiar adherido o que se integre a la obra social el aporte también aumentó al pasar de $39 a $60 mensuales.

Ademas de la cobertura de la obra social, el ingreso del monto le garantiza al personal doméstico una pensión de invalidez y fallecimiento y luego de 30 años de aportes puede jubilarse con el haber mínimo .

Para poder acceder a estos beneficios, la empleada doméstica debe estar en la categoría de 16 o más horas semanales trabajadas , para el mismo o para diferentes empleadores.

De estar en una categoría más baja, se puede optar por pagar la diferencia hasta completar los $95 mensuales para tener derecho a la cobertura de jubilación y obra social.

Por último, el personal doméstico -esté o no registrado- tiene derecho a cobrar la asignación por hijo de $220 si no lo cobra el padre o la madre del menor, según los casos.

Fuente: Iprofesional.com
09/02/2011

Ajustan factura electrónica para determinar cuánto IVA pagará cada empresa

2011-02-08T08:17:00.000-03:00

La AFIP lanzó un nuevo software que perfecciona el nivel de detalle sobre el precio y las cantidades vendidas que deben informar los contribuyentes en la mira del fisco. Expertos aseguran que es un nuevo paso para la puesta en marcha de la liquidación proforma del impuesto.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio un nuevo paso para avanzar en la implementación del mecanismo que calculará cuánto IVA deberá pagar mensualmente cada contribuyente.

En efecto, expertos consultados por este medio destacaron que el camino elegido por el fisco, tal como había adelantado hace unos meses iProfesional.com, tiene como objetivo final la puesta en marcha de la declaración proforma del impuesto que alcanza al consumo.

Puntualmente se trata del lanzamiento de un nuevo software denominado "Factura Electrónica. Régimen de Información de Operaciones - Versión 2.0 Release 1". El aplicativo -que puede descargarse aquí- perfecciona el detalle sobre el precio y las cantidades vendidas que deben informar los contribuyentes bajo la mira.
La avanzada se complementa con la -ya vigente- obligación de declarar un código numérico, estandarizado y unívoco, para cada bien o servicio facturado a través del régimen de comprobantes web. En este escenario, se suma la reglamentación que le permite al fisco incorporar al régimen a responsables inscriptos en el IVA.

Asimismo, el organismo que conduce Ricardo Echegaray también agilizó la operatoria para quienes generan más de 1.800 comprobantes al mes.
Por último, el paquete de medidas que conducen a la declaración proforma de IVA, se cierra con la incorporación al régimen de los monotributistas de mayor facturación.
Hacia la factura proforma de IVA

Ante este conjunto de medidas, Guillermo Fernández, consultor tributario, aseguró que todo "apunta a tener un control online de la facturación de cada contribuyente".
Asimismo, adelantó que en un mediano plazo "la AFIP estará en condiciones de confeccionar la liquidación proforma del IVA". En otras palabras, el fisco nacional le dirá a cada compañía o particular el monto que deberá cancelar mensualmente.

"Obviamente, la liquidación online, efectuada por la AFIP, estará sujeta a la aprobación de cada contribuyente", agregó el tributarista. A modo de ejemplo, Fernández detalló que el organismo de recaudación ya efectúa la liquidación de cargas sociales para un sector de los empleadores.

Nuevos códigos

En lo que constituye un importante avance, a través de la resolución general 2855, la AFIP estableció que -al momento de confeccionar los comprobantes virtuales- se deben detallar los bienes y servicios vendidos adjudicando a cada artículo "un código numérico, estandarizado y unívoco".

Mario Volman, socio del Estudio Kaplan, Volman y Asociados, aseguró que "con este sistema de seguimiento a control remoto -tanto del emisor de la factura como de quién recibe la misma- la AFIP podrá llevar a cabo un control de los inventarios de cada una de las empresas que emitan facturas electrónicas".

"De este modo, contará con información muy valiosa, al momento de fiscalizar a un contribuyente, pues tendrá una importante estimación de las cantidades de inventario de cada producto online y actualizado a cada fecha", adelantó Volman.

"El cliente que recibe una factura electrónica, con los códigos de los productos numéricos y estandarizados, aún cuando no esté por el momento obligado a emitir facturas electrónicas, no podrá ocultar haber perfeccionado dicha compra y, en consecuencia, se achica el mercado informal de comercialización", concluyó el experto.

Incorporación de responsables inscriptos en el IVA

A esto se le suma la reformulación del procedimiento que le permite a la AFIP incorporar al régimen de factura electrónica a los responsables inscriptos en el IVA.

Desde el Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, Marcos Goshi, explicó que, "a través de la resolución general 2904, la AFIP le otorga un panorama más claro a aquellos contribuyentes responsables inscriptos en IVA que fueran notificados de la obligación de emitir facturas electrónicas".

En primer lugar, se establece un plazo más razonable de antelación para notificarlos de tal obligación, siendo de 30 días hábiles administrativos.

"Esto es de vital importancia, ya que la adaptación de los sistemas de facturación requiere un plazo adecuado para la búsqueda de presupuestos, la implantación de los mismos y las pruebas pertinentes, siendo también de suma relevancia la capacitación al personal", puntualizó Goshi.

Grandes operadores

Complementariamente, el fisco también agilizó el trámite de facturación electrónica para quienes emiten más de 1.800 comprobantes al mes.

Marcelo Domínguez, coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), explicó que "la resolución 2926 puso en marcha un procedimiento especial -de carácter opcional- de emisión de comprobantes electrónicos consignando en los mismos el Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA)".

"El nuevo mecanismo es de aplicación para los sujetos que revisten el carácter de auto-impresores, que están incluidos en el régimen de factura electrónica y que emiten más de 1.800 comprobantes en el mes", especificó el experto.

"Es muy importante la medida adoptada por la AFIP, dado que, a partir de la misma, los contribuyentes con grandes volúmenes de operaciones en almacenes, comercialización, facturación y distribución, pueden reemplazar la actual modalidad CAE por la nueva modalidad CAEA", precisó Domínguez.

"El nuevo régimen facilita la actividad económica de quienes tienen una gran magnitud de operaciones, siendo que el mismo no va en desmedro del creciente control electrónico de las operaciones de ventas de bienes", concluyó el experto.

Monotributistas en la mira

Por último, la AFIP ya tiene todo listo para sumar a la factura electrónica a los monotributistas que más facturen. En la primera etapa, a partir de mayo próximo, se apuntará a quienes registren ingresos entre $12.000 y $16.667 mensuales.
A largo plazo, el organismo de recaudación busca incorporar a la factura electrónica a todos los pequeños contribuyentes comprendidos bajo las nuevas categorías que entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2010.

Por lo tanto, una vez finalizada la avanzada de las autoridades fiscales, deberán emitir los comprobantes de manera electrónica:
Los profesionales monotributistas que facturen entre $6.000 y $16.667 al mes.
Los pequeños contribuyentes que realicen otras actividades con ingresos mensuales que se ubiquen entre $12.000 y 25.000 pesos.
En la actualidad, la emisión de comprobantes electrónicos rige para contadores y abogados -entre otras actividades- que tengan ingresos por más de $50.000 al mes.

Fuente: Iprofesional.com

08/02/2011

Lavado de dinero: ahora habrá que informar las operaciones bursátiles mayores a $40.000

2011-02-04T21:52:00.000-03:00

Complementariamente, los operadores deberán explicar el origen de los fondos, con documentación adicional, cuando las transacciones superen los $200.000

La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció que quienes compren o vendan títulos en el mercado de capitales iguales o mayores los $40.000, deberán presentar una declaración jurada de bienes.

Así lo determina la resolución 33/2011 publicada este viernes en el Boletín Oficial. Para acceder a la norma haga clic aquí.

Complementariamente, los operadores bursátiles deberán explicar el origen de los fondos, con documentación adicional, cuando estas operaciones superen los 200.000 pesos.

En efecto, la norma obliga a los agentes, las sociedades de Bolsa y las casas de cambio a presentar reportes al organismo oficial con información sobre las operaciones inusuales o sospechosas.

Puntualmente, a partir de la entrada en vigencia de la norma, los sujetos obligados deberán solicitar a sus clientes la presentación de una declaración de bienes cada vez que compren o vendan acciones por un monto superior a los 40.000 pesos.

La resolución también prevé, que los nuevos sujetos obligados del mercado de capitales informen a la UIF sobre clientes que provengan de paraísos fiscales, o integren el listado de terroristas que figura en la página web del organismo.

Por otra parte, el organismo a cargo de José Sbatella también publicó la resolución 32/2011 que pone la mira sobre el sector asegurador. Para acceder al texto de la norma haga clic aquí.

La reglamentación obliga a las compañías aseguradoras a pedir declaración jurada a sus clientes cuando las primas superen los $40.000 o $50.000, según el tipo de póliza.

Fuente: Iprofesional.com

04/02/2011

Crearán un régimen online para que los asegurados puedan controlar sus pólizas

2011-02-01T18:28:00.000-03:00

La Superintendencia de Seguros apunta a lograr así un mayor seguimiento por parte de los usuarios. Con este propósito, deberá compatibilizar ciertos aspectos clave entre la Ley de Defensa del consumidor y la ley aplicable a este tipo de contratos. Expertos explican en qué consisten esos ajustes.

Contratar una póliza barata, con pocos requisitos, puede parecer -al principio- un alivio para el bolsillo pero, a la hora de reclamar por la cobertura ante un siniestro, podría llegar a convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Sin embargo, un seguro más caro tampoco es garantía de tranquilidad porque también puede suceder que no sea reconocido un resarcimiento por el daño total o, peor aún, que éste sea rechazado.

A modo de ejemplo, Gastón Dell´oca, socio del estudio Sprovieri - Dell´oca Abogados, indicó que en los estudios jurídicos "son habituales las consultas por siniestros relacionados con la caída de granizo".

Esto se debe a que muchos consumidores creen estar asegurados, pero las pólizas sólo reconocen la destrucción total del vehículo por este hecho.

"Nunca vi que el granizo pudiera ocasionar la destrucción total de un auto. Los consumidores se sienten estafados cuando algo así ocurre", agregó.

Otro inconveniente consiste en que, en ocasión de sufrir el siniestro con un tercero, la persona tenga la póliza vigente, pero esto no sea suficiente para eximir al damnificado de tener que formular un reclamo frente a cláusulas contractuales poco claras o ambiguas.

A partir de ese momento, podría llevar mucho tiempo lograr una respuesta favorable, ya sea por la vía judicial o administrativa.

Desde la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) se incrementó el control del contenido de las condiciones pre-estipuladas en las pólizas, porque se considera que el asegurado también es un consumidor.

En este escenario, según pudo saber este medio, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) está ultimando los detalles para crear un registro de pólizas online. De esta forma, el organismo busca que dichos contratos respondan a pautas en común, lo cual favorecería el control por parte de los asegurados.

A tal efecto, será una exigencia para las empresas que hagan públicos los acuerdos celebrados.

Es por ello que los expertos consultados por iProfesional.com destacaron que, para poder llevar a cabo estas medidas, es necesario compatibilizar la Ley de Seguros con la Ley de Defensa del Consumidor, en aspectos tales como los plazos para formular denuncias, la prescripción para reclamos y los mecanismos de rescisión de las pólizas.

El registro será clave para evitar que los consumidores suscriban una póliza no autorizada y, consecuentemente, los mantendrá a resguardo de sufrir conflictos por la cobertura.

Luego de acceder a la página web de la SSN, el consumidor podrá introducir el código de barras respectivo y, desde allí, controlar si su póliza fue efectivamente emitida y también las condiciones básicas de la misma.

Origen del problema

Los especialistas reconocen que muchas quejas nacen a partir de cláusulas predispuestas -que ya vienen impresas y que no son discutidas por el asegurado- en los contratos.

Algunas de ellas son abusivas, al colocar en mejor posición a la empresa, y generan una situación de incertidumbre.

Dichas condiciones deben ser claras, legibles y equitativas y la SSN es el organismo encargado de controlar que así sean.

Por otra parte, un gran aliado de los consumidores, en este caso los asegurados, es la LDC. Esto es así dado que la norma los protege y es por ello que su uso resulta cada vez más frecuente al punto que los jueces ya la están aplicando para sancionar a bancos, empresas de servicios financieros, prepagas y también a las aseguradoras.

En este sentido, los magistrados coinciden en que el seguro es un contrato de consumo regulado por la LDC.

"Esto se debe a que el asegurado es un consumidor no profesional que contrata un servicio como destinatario final y que, frente al proveedor del servicio se encuentra en una inferioridad fáctica y jurídica", explicó Dell´Oca.

Asimismo, destacaron que muchas veces la información que se le da al usuario es exigua y, además, confusa, siendo esta razón un disparador de reclamos.

En igual sentido, apuntaron que el aseguradi a veces no tiene claro cómo funciona la renovación de la póliza y las consecuencias de la falta de pago de la prima, lo cual puede ser motivo de numerosos problemas.

Aspectos que deberán compatibilizarse

Los expertos consultados remarcaron que es necesario realizar ajustes normativos que permitan compatibilizar la LDC con la de seguros.
En este contexto, afirmaron que la Ley de Seguros es muy estricta en cuanto a los plazos en que se deben presentar las denuncias de siniestros y sus consecuencias. Basándose en ello, recomendaron adaptar esta situación de modo de brindar certeza a los consumidores.

Por otra parte, también indicaron como un punto a considerar el tema de los mecanismos de rescisión de contratos y servicios. Al respecto destacaron que si la aseguradora permite contratar la cobertura a través de una llamada telefónica o por adhesión electrónica, se debería permitir que el cliente solicite la baja por la misma vía.

Otro eje que pusieron de relieve es el del plazo de prescripción para efectuar un reclamo.

La LDC establece que las acciones y sanciones emergentes de la ley prescribirán en el término de tres años, mientras que la Ley de Seguros establece que será al año desde que la correspondiente obligación es exigible.

Es decir, la discusión se da porque existen dos plazos de prescripción diferentes para un mismo hecho, dependiendo de si el que reclama puede considerarse consumidor o no.

En la Justicia, la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, en la causa "Petorella Liliana Irene c/ Siembra Seguros de Retiro S.A s/ Ordinario", sostuvo que debe primar la Ley de Seguros por sobre la de Defensa del Consumidor en materia de prescripción.

"La LDC tiene reglas protectoras de los usuarios y consumidores que se integran con el resto de la normativa vigente, no la sustituyen y, por ello, se aplican supletoriamente. Si se sostuviera lo contrario, los contratos de seguro quedarían regidos por la LDC", agregaron los jueces.

"Aún con la redacción más favorable al consumidor de la nueva ley, en cuanto al plazo de prescripción se refiere, han salido fallos que fijaron un plazo de prescripción de acuerdo a la Ley de Seguros aun cuando la contraparte es un consumidor", indicó Dell´Oca.

Por otro lado, el especialista indicó que "también se podría incluir la prohibición de obligar a contratar con una compañía determinada. Es frecuente que se le imponga a un consumidor un seguro sin mayor información y sin darle la opción de elegir con qué compañía quiere hacerlo", remarcó el abogado del estudio Sprovieri - Dell´Oca.

"Hay varias acciones colectivas iniciadas relacionadas con esta cuestión", agregó.

En tanto, el consultor Alejandro Chamatropulos destacó que debería adecuarse la prórroga de jurisdicción, que permite elegir el lugar donde se llevará a cabo el reclamo judicial. Dicha acción está permitida dentro de la Ley de Seguros, pero prohibida en la LDC.

Advertencias previas a contratar
La Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) advirtió sobre los recaudos que debe tomar el usuario antes de suscribir una póliza o al momento de hacerlo:

- Consultar en varias compañías antes de decidirse por una.

- Exigir que la póliza se realice por escrito y que le entreguen una copia completa con todas las condiciones.

- Tanto las condiciones generales de contratación como las particulares, deben ser legibles y comprensibles.

- Prestar atención a la letra pequeña y a la parte referida a la exclusión de la indemnización.

- Comunicar el siniestro a la aseguradora dentro de los tres días así como todas las circunstancias que modifiquen el riesgo.

- Guardar toda la documentación de su seguro, contrato, cláusulas, recibos e incluso la publicidad, que puede serle muy útil al momento de efectuar el reclamo. Hay que recordar que la publicidad vincula a la aseguradora.
- No tener dos seguros sobre el mismo bien, ya que ello está prohibido por ley.
- Enterarse de cuáles son las bonificaciones que le corresponden por no tener siniestros durante un tiempo determinado y certificar que éstas consten por escrito en su contrato.

Por último, es recomendable tener cuidado con las cláusulas que prorrogan automáticamente un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra.

Fuente: Iprofesional.com

31/01/2011

Disponen que los reportes antilavado de dinero deberán ser electrónicos.

2011-01-31T09:44:00.000-03:00

La UIF ajustó las medidas para los registros comerciales y de personas jurídicas para prevenir delitos relacionados con la financiación del terrorismo.

La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció los procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

A través de la resolución 29, publicada este jueves en el Boletín Oficial, fijó las medidas y los procesos que tendrán que cumplir al momento de presentar los informes de Operaciones Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como el Reporte Sistemático.

El artículo 11 de la flamante norma indica que "los sujetos obligados deberán reportar aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a su buen criterio, la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosa de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo".

Los plazos establecidos para el cumplimiento de las presentaciones son similares a los del resto de los obligados (contadores, escribanos, etc.), es decir, de 30 días y 48 horas a partir de la operación realizada o tentada para los reportes sobre Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo, respectivamente, y el día 15 de cada mes para el Reporte Sistemático.

Por último, la resolución fija la obligatoriedad de realizar las siguientes actividades:
La elaboración de un manual que contendrá los mecanismos y procedimientos para la prevención de Lavados de Activos y Financiación de Terrorismo.
La designación de un oficial de cumplimiento.
La capacitación del personal.
La elaboración de un registro escrito del análisis y gestión de riesgo de las operaciones sospechosas reportadas.
La implementación de herramientas tecnológicas acordes con el desarrollo operacional del sujeto obligado.
La implementación de medidas que les permitan consolidar electrónicamente las operaciones que realizan con sus clientes.
Para acceder al texto completo de la norma, puede hacer clic aquí.

Fuente: Iprofesional.com
28/01/2011

El Banco Central y la AFIP analizan reducir las comisiones de las tarjetas

2011-01-21T15:42:00.000-03:00

Así lo indicó el vicepresidente del Central, Miguel Ángel Pesce. La medida se sumará a la obligación de los comercios a cobrar mediante medios electrónicos.

El Banco Central analiza una nueva normativa que logre la reducción de las comisiones que aplican las empresas emisoras de tarjetas de crédito y las proveedoras del servicio del sistema Postnet a los comercios, según reveló el vicepresidente de la entidad, Miguel Ángel Pesce.

"Estamos trabajando con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para una rebaja en las comisiones que aplican las tarjetas y el sistema de Postnet", indicó el funcionario ante periodistas luego de la reunión de directorio que se mantuvo este jueves, según informó Télam.

La rebaja de las comisiones es una medida en estudio que complementa otra, también en proceso de elaboración, que obligará a los comercios a ofrecer la opción de pagar con tarjetas de crédito y débito.
Se trata de una nueva resolución en la que están avanzando en conjunto la AFIP y el Banco Central, que pretende desalentar el uso de efectivo.

En concreto, se prevé exigir a los comercios contar con el sistema Postnet para poder operar, con lo que el público va a poder pagar en todos los comercios con tarjeta de débito o crédito.

Fuente: Iprofesional.com

21/01/2011

El Gobierno reforzará el control de operaciones sospechosas de lavado de dinero

2011-01-21T15:34:00.000-03:00

En exclusiva para iProfesional.com, José Sbattella, titular de la UIF, anticipó qué medidas implementará el organismo este año y hacia dónde apuntan las investigaciones. Además, reveló qué nuevos sectores estarán "en la mira" y cómo aplicarán multas a incumplidores. Qué dijo de las inspecciones.

El 2011 plantea un nuevo escenario en materia de control del lavado de dinero.

Luego de que la presidenta Cristina Kirchner firmara un decreto, que fijó cómo es el proceso de fiscalización y cuáles son las penalidades aplicables en caso de lavado de activos, la Unidad de Información Financiera (UIF) puso en marcha un intenso plan de acción directa que ejecutará durante este año.

Dicho paquete de medidas contempla la intensificación de las inspecciones. También apunta a la aplicación de fuertes multas para los responsables, designados por el organismo, que no cumplan con el deber de informar operaciones que revistan la calidad de "sospechosas".

José Sbatella, titular del la UIF, afirmó en exclusiva con iProfesional.com, que el objetivo es lograr conciencia de que "la sanción puede llegar".

Así, más allá de los clásicos controles que recaen en el sistema financiero, esta vez la lupa estará puesta en empresas, escribanías, joyerías, profesionales, y otros sujetos que podrían vincularse, de alguna manera, con las referidas "operaciones sospechosas"; ya sea como partícipes o por el solo hecho de acceder a información clave sobre este tipo de transacciones.

"Vamos al domicilio de los obligados y hacemos un requerimiento para ver si están cumpliendo con la aplicación de los procedimientos de control que establece la normativa vigente, sobre la operatoria de sus clientes", sostuvo el funcionario. Por ejemplo, un contador respecto de un movimiento de fondos inusual de una compañía.

Para cumplir su cometido, el organismo recurrió, nada menos, que a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros "aliados".

"El mayor stock de dinero en la Argentina proviene, a nuestro criterio, de la evasión fiscal", advirtió el funcionario en relación con el lavado de dinero y justificando, así, los motivos que llevaron a la UIF a recurrir al fisco nacional para llevar a cabo sus investigaciones, alimentándose de los datos con que cuenta el organismo de recaudación sobre los evasores.

Todo este nuevo "ambiente de control" tiene su razón de ser. Sucede que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha puesto la mira en la Argentina porque considera que presenta cierto grado de debilidad a la hora de luchar contra el lavado de activos.

De hecho, Luis Urrutia Corral, titular del organismo internacional, sostuvo recientemente: "No hay un sistema muy claro de supervisión y de sanciones para quienes lavan dinero, y en cuanto a la financiación del terrorismo, hay deficiencias en el tipo penal y en los mecanismos para congelar activos de personas sospechosas".

Pero Sbatella quiere que esto sea parte de otro capítulo, que habría cerrado desde febrero de 2010, cuando se hizo cargo de la UIF.

Una clara muestra de ello es que, durante su gestión, se ha logrado multar a tres bancos por no informar "operaciones sospechosas". Esto, hace sólo unos años, era completamente impensado.

"La UIF, hasta el 2009, sólo se había ocupado de procesar los reportes de operaciones sospechosas", advirtió el funcionario y agregó que "no se aprovechaba la potencialidad de la ley ni se intentaba llegar a la capacidad máxima de lo que significaba, tanto la participación en lo penal, como las sanciones administrativas".

La importancia de este paso radica, justamente, en que "cuando hay una operación que se debió informar, la ley estable multas de hasta diez veces el monto involucrado", enfatizó Sbattella.

Un paso clave: la UIF como querellante

"Lo que hicimos fue entrar de lleno en las causas penales más importantes de la Argentina como querellantes", destacó Sbatella.

Y agregó: "Estamos en la causa de medicamentos, en la de efedrina y un juicio por estafa contra el Estado".

De esta forma, la UIF puso en envidencia que asumió un nuevo rol, el de querellante, y también el de partícipe en la gestión de los procesos judiciales donde los denomidados "delitos precedentes" ya han sido probados, en sus aspectos penales.

Vale aclarar que el lavado se realiza con fondos, que provienen de ilícitos, que están tipificados en la normativa vigente y se conocen como "delitos precedentes", dado que se llevan a cabo de forma previa a la operación que permite insertar el dinero en el circuito legal -lavado-.

Por otra parte, en su plan de acción se encuentra un objetivo primordial: aumentar de 19 a 23 los "sujetos obligados" a declarar las supuestas irregularidades, incluyendo a:
Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario -integradas y/o administradas exclusivamente por dichos agentes o corredores inmobiliarios matriculados-.
Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente.
Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
Los fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.
Con respecto a los planes previstos para 2011, Sbattella anticipó que buscarán elevar el nivel de riesgo, a través de trabajos conjuntos con distintos organismos:

Los aliados de la UIF

"Aspiramos a que el Banco Central continúe la fiscalización de los sujetos obligados que se encuentran bancarizados", sostuvo Sbattella.

De esta forma, puso de relieve su intención de avanzar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones. "No queremos que dejen de inspeccionar, al contrario, queremos integrar todo un sistema", señaló el funcionario.

El objetivo es lograr que, por un lado, el Banco Central pueda penar a los infractores con las sanciones que establece la Ley Penal Cambiaria, tal como lo hace hasta ahora, pero, al mismo tiempo, que sean aplicadas las sanciones establecidas en la Ley Antilavado.
De hecho, a mediados de octubre de 2010, el organismo aplicó una multa al Banco Francés por una cifra que superaba los $39 millones por no informar una transacción sospechosa (lea más: Multan al Banco Francés a pagar $39 M por no reportar una operación sospechosa).

"Salimos a buscar que el sistema reaccione, con el aumento de los reportes de estas transacciones", indicó el funcionario.

En este sentido, destacó: "El año pasado hubo 1.500 y este año duplicamos a 3.000 los reportes de operaciones sospechosas, sólo en el sector financiero".

Sbattella también remarcó que con la Comisión Nacional de Valores (CNV) existe un tema relevante a controlar, que es "la compra y venta de acciones y el seguimiento de los agentes de bolsa que no venían siendo sancionados, hasta ahora".

Acciones de control junto a la AFIP

Uno de los organismos clave para la UIF es la AFIP. Esto es así dado que el fisco nacional cuenta con datos específicos sobre los evasores y, justamente, según indicó Sbatella, "el mayor stock de dinero en la Argentina proviene, a nuestro criterio, de la evasión fiscal", refiriendo al lavado de activos.

Vale aclarar que, desde la UIF, han propuesto una reforma legal de modo de incluir a la evasión como un "delito precedente" ya que la normativa vigente sólo incluye como tales al narcotráfico, estafas al Estado, tráfico de armas y trata de personas.

"Vamos a impulsar un mayor intercambio respecto de las causas donde la AFIP encontró triangulaciones de ventas al extranjero de cereales", afirmó.

Y enfatizó que, de cara a este año que recién comienza, "lo que a nosotros nos interesa es el decomiso del dinero evadido".

Así, el objeto de esta medida no sólo es recuperar los montos evadidos, sino, además, conocer el origen y destino de los fondos, sobre todo, considerando que "el comportamiento delictivo generó una masa de fondos que alguien posee".

Nuevos sectores, en la mira

Los planes de la UIF también incluyen apuntar con las fiscalizaciones hacia otros sectores, no sólo el financiero, tales como las escribanías, las joyerías y los marchantes de cuadros (aquellos sujetos que se dedican a la compra-venta de pinturas).

"Visitamos y presentamos requerimientos a vendedores de cuadros y a joyerías, que se sumaron a las inspecciones en la zona urbana central, en casinos, en remesadoras de fondos y en transportadoras de caudales", indicó Sbattella.

De esta forma, afirmó, "pudimos ver las reacciones que tenían los investigados e, incluso, advertir si había apelaciones y en qué condiciones".
Al respecto, puntualizó que las remesadoras de fondos y las transportadoras de caudales aceptaron los requerimientos en buenos términos, mientras que los marchantes y las joyerías opusieron resistencia.

Sbattella indicó: "Nos llamó la atención que las remesadoras de fondos se pusieron contentas que fuéramos a fiscalizar, porque el problema de ellas es que no pueden mandar fondos al exterior si no están auditadas. Las transportadoras de caudales también necesitaban que las visitaran".

En tanto, los marchantes de cuadros, se vieron obligados a cumplir con una normativa que les era ajena, y no sólo eso, sino que también fueron sumariados por no cumplimentar con los reportes sistemáticos.
Y agregó: "Las joyerías tienen un problemita mayor porque no es que no tienen datos, directamente no nos dejan ver esos datos. Entonces, nos vemos forzados a iniciar un proceso que puede terminar en un allanamiento. Esto se suma a los que ya efectuó la UIF en escribanías y casas de cambio".

La necesidad de un cambio normativo

A pesar de los comentarios de Urrutia Corral, Sbattella se mostró tranquilo en cuanto a las exigencias que deben cumplirse para febrero próximo, fecha definida por la GAFI para presentar un informe de la situación argentina en la lucha contra el lavado de dinero.

"Lo único que falta, a nuestro criterio, es incluir el autolavado, que es un problema serio que nosotros vemos en la aplicación de la ley", señaló el especialista.

De acuerdo con Sbattella, la figura de encubrimiento hace que, para poder procesar por lavado a un acusado, la persona no debería haber participado del delito precedente.

Es por ello que los jueces aseguran que, según el marco legal vigente, no se puede condenar a una persona por dos ilícitos, "o es narcotraficante o es encubridor", aclaró y advirtió que, en la mayoría de los casos, "los lavadores, hace el delito precedente y luego lavan", motivo por el cual aseguró: "Nosotros estamos planteando una modificación al artículo 278 del Código Penal".

Este artículo impone sanciones para quien "convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito".

Sbatella, finalmente, concluyó: "Si se eliminara una frase cortita que dice `provenientes de un delito en el que no hubieran participado´, automáticamente entraría el autolavado como una posibilidad concreta".

Por Gonzalo Chicote

Hoteleros y gastronómicos pedirán inconstitucionalidad del Impuesto por Residuos Húmedos no Reciclables

2011-01-18T17:48:00.000-03:00

El Gobierno porteño recibirá un duro golpe. La validez del tributo, que recae sobre este tipo de desecho, será puesta en jaque ni bien arranque febrero. En tanto, con el inicio de 2011, el Ministerio de Ambiente lanzó un operativo para inducir al pago del gravamen que puede alcanzar $138.000 anuales.

Transcurrido un año desde la implementación del Impuesto a la Generación de Residuos Húmedos no Reciclables, el Gobierno porteño recibirá un duro golpe que pondrá en jaque el futuro del tributo.

Este "gravamen ecológico", creado en 2009, tiene por finalidad proteger el medio ambiente y recae sobre aquellos establecimientos que generen grandes cantidades de basura, tal es el caso de diversos hoteles y locales gastronómicos.

En la actualidad, las empresas que deben pagarlo pueden llegar a tener que desembolsar un canon anual que arranca en $3.450, para aquellas que produzcan entre 240 y 480 litros promedios diarios, hasta $138.000, para las que generen más de 4.000 litros de residuos húmedos.

Reducir la cantidad de estos desechos es uno de los objetivos de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y éste ha ido tomando forma desde 2007, con la creación de la Ley 1.854 de "Basura Cero".

Éste no es un tema menor, si se tiene en cuenta que, según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente de la Capital Federal, los residuos sólidos urbanos constituyen un problema cada vez más grave, ya que, debido a su constante aumento -hoy superan el millón de toneladas- deben ser enviados a rellenos sanitarios.

En este escenario, entre las metas que busca alcanzar la Ciudad en los próximos años, se encuentra la de reducir progresivamente los valores, de modo de poner punto final a la necesidad de tener que enviar basura a los referidos rellenos sanitarios en el año 2020. A estos fines, se determinaron topes de 748.828 toneladas para 2012 y de 374.414 para 2017.

Con ese objetivo y como arranque de 2011, la Dirección General de Inspecciones porteña lanzó un operativo por el cual, durante este mes, notificará y asesorará a las empresas sobre el cumplimiento de la Ley 1.854.

Así las cosas, mientras diferentes grupos ambientalistas destacaban, al momento de su creación, las ventajas que aparejaba aplicar un gravamen ecológico; en la actualidad, éste no es "visto con buenos ojos" desde el sector sobre el que recae la carga tributaria.

En este contexto, la Federación de Empresas Hoteleras y Gastronómicas de la República Argentina (Fehgra) presentará una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, ya que considera que es un impuesto de características meramente recaudatorias y, por sobre todo, inequitativo en su determinación y aplicación.

Cuál es el reclamo de Fehgra
Según la Federación que nuclea a las empresas gastronómicas y hoteleras, el tributo es contrario al principio constitucional de igualdad, ya que no es equitativo para todos los generadores de residuos.

Rafael Miranda, Coordinador del Departamento de Fiscalidad y Tributación de la entidad, indicó que el mismo "viola el principio de igualdad, entre otros principios constitucionales, ya que no se aplica con equidad a todos los generadores de basura".

Además, sostuvo que "es solamente recaudatorio y, desde ya, injusto. Siempre se generan residuos, eso es inevitable, más para las empresas del sector".

Y, disparó: "¿Cuál es la diferencia entre un restaurante y una casa de familia, un maxikiosko o una empresa de ramos generales?".

Para remarcar la importancia del gravamen, el especialista indicó que "un restaurante común puede sacar en el día 10 bolsas de consorcio, que equivalen a más 1.000 litros y representan un impuesto de $31.050 anuales".

Esto es así, porque el cuadro tarifario para el período fiscal 2011 fija los siguientes cánones:

Por otra parte, Miranda remarcó que "si se tiene presente que la recolección se paga aparte, podemos decir que es un impuesto ya que, a diferencia de una tasa retributiva, no se recibe ningún servicio a cambio. Por eso, además, se puede afirmar que es meramente recaudatorio".

"Los residuos son algo que no se pueden evitar. A lo sumo, se puede mejorar el proceso para reducir la cantidad, pero no se puede dejar de producirlos", concluyó.

Qué establece el impuesto
Gastón Vidal Quera, miembro del estudio Lisiki, Litvin & Asociados, explicó los lineamientos generales del tributo.

El especialista indicó que "los sujetos pasivos son los generadores especiales de los residuos húmedos -principalmente restos de comida, papeles y cartones húmedos-, que deben abonar el impuesto por cada uno de los lugares físicos -sucursales, boca de expendio, etc.- donde se producen, tomándose individualmente la cantidad generada en cada uno de ellos".

"El sistema de determinación es mediante la declaración jurada que debe presentar el sujeto pasivo considerando el promedio de residuos por día", sostuvo Vidal Quera.

Para ello, los contribuyentes deben calcular los litros diarios promedio generados durante el trimestre inmediato anterior a la confección y presentación de la liquidación, computándose para tal fin días corridos del mes calendario.

Por último, el experto destacó que "están exentos aquellos que generen una cantidad inferior a los 1.000 litros diarios promedio de residuos, en todos y cada uno de los lugares físicos donde se producen".

"Es decir que los contribuyentes que, en ninguno de los lugares físicos donde generen residuos alcancen los 1.000 litros promedio diarios, están exentos", remarcó Vidal Quera.

Los argumentos legales del reclamo
En este escenario, Daniel Pérez, titular del estudio que lleva su nombre, detalló los puntos que formarán parte de la demanda que será presentada ni bien arranque febrero, que es cuando se retomará la actividad en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de la feria judicial.

El especialista sostuvo que "la presentación será a través de una acción declarativa de inconstitucionalidad, que es competencia originaria del Tribunal Superior, ya que la misma tiene como efecto invalidar la norma y tiene alcance para todos aquellos que pueden estar comprendidos por ella".

Entre los fundamentos en los que se basa el pedido de inconstitucionalidad del Impuesto a la Generación de Residuos Sólidos Urbanos Húmedos no Reciclables, Pérez destacó los siguientes:

• Objeción a la verdadera naturaleza del tributo tratado como "medioambiental": ya que no responde a la característica de tales impuestos, que tienen como principal objetivo determinadas medidas de carácter extrafiscal, es decir, más allá de la recaudación, deben tener como premisa el cambio y la orientación de ciertas conductas.

• Impuesto meramente recaudatorio: esto es así, puesto que el hecho imponible no está en línea con lo previsto por la legislación de fondo, esto es la Ley 1.854 (de "Basura Cero").

• Viola el principio de no confiscatoriedad: ya que no hace más que incidir sobre el ejercicio de ciertas actividades, tal como lo hace el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con lo cual, existiría una múltiple imposición.

• No respeta el principio de capacidad contributiva: tal como está diseñado su hecho imponible.

• Vulnera el principio de igualdad consagrado tanto por la Constitución Nacional como por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: por cuanto su determinación termina siendo inequitativa.

Recolección inteligente de residuos
Lejos de los tribunales, varias son las empresas que cumplen con el pago del impuesto y, además, trabajan para reducir la cantidad de residuos que generan y, por ende, el canon que deben abonar.

Jorge Martinez, CEO del Alvear Palace Hotel, sostuvo que son varias las medidas que implementaron desde la entrada en vigencia de la norma, que incluyen capacitación a sus dependientes y controles permanentes.

"Estamos capacitando a los empleados para que se haga una diferenciación de los residuos inteligentes, donde se separan los húmedos de los reciclables", explicó.

La iniciativa consiste en distribuir contenedores de basura especiales para los residuos húmedos y para material que pueda ser reciclado, sumado a charlas informativas que explican detalladamente las diferencias entre uno y otro tipo de desperdicio.

"Además, realizamos controles para optimizar la separación", señaló el CEO, y agregó "es una tarea ardua, sobre todo en las cocinas, donde es más fácil tirar todo junto".

La cooperación entre empresas de la actividad no estuvo ausente. Así, Martinez indicó: "Llevamos adelante conversaciones entre los gerentes de distintos hoteles, de modo de compartir experiencias".

Aunque aclaró que "no todos se enfrentan a los mismos problemas, ya que depende mucho de la organización que tenga cada uno".

Fuente: Iprofesional.com

18/01/2011

Argentina es el segundo país de América latina con mayor inflación.

2011-01-15T22:09:00.000-03:00

Sólo es precedida por Venezuela. En el ranking global, la nación se ubica quinta, pese a que el INDEC sólo reconozca una suba de 10,9% en 2010.

Pese a que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) la inflación anual de la Argentina no llega al 11% (lea más aquí), un artículo publicado por el diario uruguayo El País consideró que la nación es la segunda con más inflación de América latina.

Sólo es precedida por Venezuela, que además de liderar el ranking latinoamericano, encabeza también la lista a nivel global.

En tanto, la Argentina se ubica quinta entre los países con mayores subas de precios en el mundo.

Para hacer esta afirmación, el medio uruguayo se basa en los datos oficiales, aunque recuerda que estos son fuertemente cuestionados por los privados, quienes ubican el índice anual en torno al 25%/30 por ciento.

Los de más inflación

Venezuela se mantuvo por tercer año seguido como el país con mayor suba de precios del mundo. En 2010, la economía venezolana enfrentó un escenario de recesión lo que le complicó lograr una reducción de la inflación, recordó el medio uruguayo.

Y agregó que, en 2011, seguramente el país gobernado por Hugo Chávez también sea el de mayor inflación del mundo. Los analistas estiman que los precios subirán entre 23% y 30%, donde influye la devaluación que implementó Venezuela este mes.

De acuerdo a la información de los bancos centrales, Pakistán registró la segunda mayor suba de precios de 2010. Esto sumado a un aumento de los combustibles generó la salida de la coalición de gobierno del segundo partido en importancia (el Movimiento Muttahida Qaumi).

Irán ocupó el tercer lugar de la lista. A fines de 2010, el gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad anunció el fin de los subsidios a la energía y los alimentos que venían desde la guerra con Irak, y eso llevó a aumentos del gasoil y el gas natural. Aquí los economistas señalan que la inflación es mayor que la reconocida oficialmente y la ubican en torno al 20 por ciento.

El cuarto país con mayor inflación del mundo fue Vietnam. La suba de precios que ha golpeado a los sectores de menores recursos, es uno de los puntos de discusión de la política que se aplica en el congreso nacional del Partido Comunista de ese país asiático.
Argentina ocuparía el quinto lugar de la lista. Sin embargo, esa medición es fuertemente cuestionada por los analistas privados que estiman una inflación de 25%, lo que dejaría al país en el segundo lugar del ranking mundial.

En la región otros países con elevada suba de precios fueron Paraguay y Bolivia (ambos en el lugar 13 a nivel global). En este último, el presidente Evo Morales debió dar marcha atrás a fines de diciembre con un ajuste de 83% de los combustibles debido a las protestas.

Brasil que tuvo una suba de precios de 5,9% -la más alta en seis años- se ubicó en el séptimo lugar en la región y 19° en el mundo.

En tanto, Uruguay completó el séptimo año consecutivo con una inflación menor a 10%, es decir el mayor lapso de tiempo con suba de precios de un dígito desde que existen estadísticas de un año completo (1939).

Sin embargo, el país vecino ocupó el puesto 16 en el ranking global.

Los de menor inflación

En el extremo contrario, el país con menor inflación del mundo en 2010 fue El Salvador que, de hecho, registró deflación (baja de precios) de 0,2%.

Entre los 10 primeros de la lista de países que registraron las menores subas de precios a lo largo del año pasado, hay varios afectados por la crisis internacional (europeos especialmente) y, por ende, esa baja inflación se debe al estancamiento económico. En este grupo están Japón, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Francia.

Otro dato destacado es que mientras en el top 20 de los países de inflación más baja hay solo un país de América latina, en el ranking opuesto (el de mayor inflación) hay ocho países latinoamericanos, destacó El País de Uruguay.

Fuente: Iprofesional.com
15/01/2011

Lavado de dinero: rigen controles a funcionarios, sindicalistas y empresarios.

2011-01-14T18:47:00.000-03:00

La UIF dispuso medidas para que los bancos, financieras, escribanías y casinos informen sobre las transacciones de "Personas Expuestas Políticamente".

Una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF), publicada este viernes en el Boletín Oficial, establece que los sujetos obligados deberán cumplir una serie de medidas específicas en orden a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP`s).

En la categoría figuran, de acuerdo con la normativa vigente desde hoy, todos los funcionarios públicos nacionales, provinciales, municipales y porteños; las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales, es decir dirigentes y abogados de gremios, cámaras y otras formas de agrupación corporativa, y quienes desempeñan esas tareas en las obras sociales contempladas en la Ley 23.660.

También los funcionarios públicos extranjeros; "los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad y a las personas que sean públicamente conocidas por su proximidad con ellas", señala un comunicado de la UIF.

Mediante la Resolución 11/2011, el presidente de la UIF, José Sbattella, aprobó este viernes la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente, que deberán observar los sujetos obligados a reportar al Estado transacciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero o el financiamiento de acciones terroristas, de acuerdo con las prescripciones de la Ley 25.246.

"Los sujetos obligados -bancos, compañías financieras, escribanías y casinos, entre otros- deberán disponer de una Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente cuya forma textual y contenido han sido establecidos por la UIF, que otorgará un `plazo prudencial´ para la adecuación de los procedimientos de identificación de las PEP`s", indica el comunicado.

Al elaborar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que involucren a PEP`s, los sujetos obligados deberán dejar debida constancia de tal condición.

También deberán destacar ese dato al describir transacciones en Reportes de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT1), efectuados conforme lo dispuesto en la Resolución UIF 125/2009.

"Los recaudos sobre las transacciones realizadas, en especial su grado de adecuación al perfil del cliente, deben adoptarse no sólo durante el ejercicio de un cargo público sino también en los dos años posteriores al cese de la función; y tales previsiones abarcan, además, a familiares de los funcionarios", destaca la UIF.

En todos los casos, las constancias documentales deberán preservarse por el término de diez años, según informó Télam.

La UIF, organismo del Estado argentino al que compete el análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, recordó que mediante la Ley 24.759, el país incorporó la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos.

En dicha norma se define como "función pública" la "actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos".

Asimismo, la Ley aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que considera "funcionario público" a "toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo".

También a quienes desempeñan funciones para un organismo o empresa pública o prestan servicios públicos.

La UIF, que ejerce la Coordinación del sistema antilavado argentino y la Representación del país ante los organismos internacionales especializados en la materia, hizo constar en su resolución que a la hora de elaborar la normativa sobre PEP`s valoró "la realidad social, política y económica de nuestro país".

Fuente: Iprofesional.com

14/01/2011

Viaje al centro de un cajero automático: la trama oculta del por qué faltan billetes.

2011-01-10T22:05:00.000-03:00

Las dificultades que encuentran los argentinos a la hora de querer retirar dinero han escalado con una fuerza inusitada. Un cóctel de limitaciones, muchas de ellas difíciles de resolver, hace que la "crisis de efectivo" se intensifique. ¿Es un problema pasajero o llegó para quedarse un buen tiempo?

Largas filas de gente. Sus rostros denotan el malhumor creciente.

"Es el quinto cajero que recorro y no puedo retirar efectivo", se queja Enrique A., en el barrio de Belgrano, que además mira la hora y se enoja por el tiempo que ya lleva perdido en su odisea por hacerse de algunos billetes de $100.

Y lo que le sucede a Enrique es lo que le viene ocurriendo a miles de argentinos que enfrentan desde hace tiempo la misma situación.

Este tema escaló tanto que es candidato a transformarse en una de las "postales" de este nuevo veranito argentino, modelo 2011.

Mas aún, es el "cuello de botella" que faltaba. Y que viene a sumarse a la escasez de monedas, de nafta o de luz.

A este cuadro se le suma la falta de suficiente oferta de algunos alimentos, como la carne, que no hace más que impulsar a la suba los precios.

El no contar con la cantidad necesaria de billetes para hacer frente a la demanda es un tema que no sólo genera fastidio en los argentinos.

También suma preocupación en las entidades bancarias, en el Gobierno y en las autoridades provinciales.

Es que sus efectos se hacen sentir con fuerza. A punto tal que los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires tuvieron dificultades para hacerse de sus salarios, en tanto que en Córdoba los funcionarios optaron por desdoblar el pago en dos y en el Chaco recurrieron a la entrega escalonada de dinero. Esto, por citar algunas provincias.

El problema de la escasez de billetes en los cajeros automáticos no es algo que vaya a solucionarse de un día para el otro.

Más bien la preocupación oficial viene dada porque puede tender a agravarse. Y esto se explica por las razones de fondo que impulsan el faltante.

¿Por qué ocurre?

La explicación del por qué todo esto ocurre, puede resumirse en pocas palabras: la demanda aumenta y la oferta se reduce.

Una combinación explosiva, que lleva a que la falta de dinero escale rápidamente posiciones en el ranking de temas que generan mayor malhumor entre los argentinos.
iProfesional.com indagó algunas cuestiones que valen la pena destacar. En primer lugar, sobre la magnitud del problema en cifras:
• En diciembre de 2010, la extracción promedio en la red Banelco era de $645 por persona.
• Vale decir, casi un 30% más que los $500 que se retiraban en diciembre de 2009, según la información brindada a iProfesional.com por fuentes bancarias.
En segundo término, subyace una cuestión no menor: la propia limitación que tienen los cajeros para alojar una determinada cantidad de billetes físicos, que no puede aumentar y va quedando así cada vez más rezagada frente a una inflación de dos dígitos que, finalmente, deriva en una mayor necesidad de efectivo por parte de la población.
En tercer orden, el crecimiento del monto extraído en volumen en apenas un año ha sido abismal. El siguiente cuadro, según la información a la que accedió este medio a través de fuentes bancarias, es más que elocuente y da una idea del "mayor esfuerzo" que le representó a cada entidad hacer frente a la demanda:

Tales limitantes se ven agravadas por la falta de circulante, tras las dificultades acaecidas en la Casa de la Moneda.

"Hasta hace unos años, los problemas de faltante nunca ocurrían de lunes a viernes, y sólo podía haber algún que otro inconveniente los fines de semana o feriados. A los bancos les alcanzaba con una reposición diaria de billetes. Pero hoy ya no es suficiente", señala Jorge Nuré, un experto en la materia que trabajó para las firmas IBM, NCR y Diebold.

Nuré agrega: "De hecho, hay sucursales que a las 10 de la mañana ya se quedan sin dinero".

Como es lógico, la fuerte suba de precios es la que explica este "cuello de botella".

"Como se requiere más plata para hacer una misma transacción, y el Gobierno se niega a emitir billetes de mayor denominación -por ejemplo de $200- eso lleva a que los cajeros se vacíen cada vez más rápido", afirma, off the record, un ejecutivo del área canales de un banco que forma parte de la red Banelco.

La circulación de billetes de $200 es un reclamo que la banca le viene realizando al Gobierno, como forma de paliar el problema.

No resulta un planteo descabellado si se tienen en cuenta los billetes de mayor denominación de otros países. Sin ir más lejos:
En Brasil el papel que dice "100 reais" equivale a $243.
En Uruguay, el billete de 1.000 pesos equivale a unos $200 de la moneda local.
Por no mencionar, claro está, el hecho de que el billete de 100 dólares estadounidenses representa $400.
Hasta ahora hubo una negativa oficial de plano dado que, convalidar la propuesta de crear un papel de mayor denominación significaría avalar que el país ostenta una alta inflación, algo que los funcionarios se cuidan de no mencionar.

Viaje al centro de un cajero

Si la situación actual pudiera ser observada desde las propias "entrañas" que componen un cajero automático - o ATM como se lo llama en la jerga bancaria- podría entenderse más fácilmente la actual crisis por falta de cash.

Al respecto, Nuré explica que, en general, tienen una capacidad máxima de 3.000 billetes en cada una de las cuatro gavetas o cartuchos.

"Pero es raro que se use esa capacidad máxima. Entre otras cosas porque los billetes deberían ser todos nuevos, recién salidos de la imprenta. Se trata de máquinas que son calibradas para un sistema de reconocimiento muy fino. De manera que si se cargan con billetes usados o con arrugas, se debe colocar menos cantidad", afirma.
Esta situación hace que funcionen, en muchos casos, a la mitad de sus posibilidades.

En tanto, el ejecutivo de un banco, que prefirió no ser mencionado, agrega que cuando se carga una cantidad demasiado alta de billetes, "se corre el riesgo de que el ATM falle y no pague nada".

Por otro lado existe una limitante operativa, dado que los bancos no pueden únicamente cargar de $100, sino que deben mezclar denominaciones menores: "La gente demanda cambio", señala el ejecutivo.

Por otra parte, el sistema hace que, ante la "duda" de si hay dos billetes pegados, o si uno está muy arrugado, o si tiene una tinta diferente, el cajero los descarte y los tire. Y no sólo al billete en cuestión, sino a todo el fajo que se pretendía retirar.

Por ejemplo: si una persona quiere extraer $1.000 en 10 billetes de $100 y la máquina no detecta problemas con los primeros 9 pero sí con el último, entonces descarta todo ese puñado de pesos. En consecuencia, ésta se vacía en un tiempo mucho más rápido.

¿Por qué cobra relevancia ahora este tema? Porque la escasez que se produjo, producto de los problemas en la Casa de la Moneda, exacerbó esta dificultad.
Incluso, la misma no pudo ser resuelta del todo, aun con la llegada de nuevos paquetes de $100 impresos en Brasil.

Sucede que varias máquinas no logran reconocerlos, producto de algunas mínimas diferencias respecto de los que se confeccionan en la Casa de la Moneda.

La cuestión sobre los billetes impresos en Brasil (100 millones de papeles, es decir un total de $10.000 millones) siguió escalando y hasta generó una amarga polémica entre el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y las autoridades del Banco Central.

El mandatario afirmó que "los billetes impresos en Brasil tienen un gramaje y una tinta distinta a la que se venía usando. Y cada cajero automático sólo despacha si está calibrado para ese tipo de billete".

¿Es negocio para los bancos un cajeros lleno?

Pero los problemas no terminan allí, porque el sistema de cajeros hace que haya ineficiencias difíciles de resolver.

Y que además no siempre los bancos tengan incentivo como para mejorar su servicio.

Ocurre que los ATM que están ubicados dentro de las sucursales cuentan con un servicio diario de reposición, generalmente entre las 15 y 16 horas, cuando se hace el corte para el balance cotidiano.

Hasta hace poco, dicha reposición era suficiente para satisfacer la demanda. Pero ahora sucede que en las zonas más concurridas resulte necesario contratar reposiciones extraordinarias.

Y ello les significa a las entidades fuertes costos adicionales, más allá de cuestiones gremiales vinculadas - nada más y nada menos - con quien los debe transportar: "Los Moyano".

"Las cargas extra no están contempladas en el abono mensual pagado a la transportadora. Además los costos ligados al seguro son mayores", expresa el directivo de uno de los principales bancos.

La fuente señala que "tenemos un tope en la cantidad de dinero a cargar en las máquinas, que varía según la ubicación en la que ésta se encuentre. Si se supera ese límite, el seguro no cubre al banco ante un robo".

El entrevistado reconoce que el panorama actual es un verdadero dolor de cabeza para los bancos, que sienten cómo su imagen pública se deteriora, cada vez que un usuario encuentra el fatídico cartel de "fuera de servicio". Y explica que hay limitaciones técnicas difíciles de superar.

"Por ejemplo, luego de los fines de semana, es muy factible que los ATM estén sin plata. Y no se pueden cargar de inmediato por una cuestión mínima de seguridad. El retraso en abrir la cerradura del tesoro de la sucursal, que requiere de -como mínimo- 30 minutos, sumado a la logística de transporte, hace que haya que esperar hasta las 15 horas para reaprovisionar", aclara.

En este contexto, quienes llevan las de ganar son aquellas entidades que cuentan con convenios de recaudación y se hacen del efectivo circulante por cobrar impuestos y servicios.

En este sentido se destaca el Galicia.

Sin embargo, hay también quienes afirman que, a la hora de sopesar costo y beneficio, hay entidades que incluso prefieren correr el riesgo de que sus cajeros se queden sin billetes.

"Para muchos bancos, tener los cajeros llenos no es negocio. Esto es así porque en sus balances ese dinero figura como inmovilizado, cuando podrían estar aplicados a una inversión que deje rentabilidad", argumenta Nuré.

"El cálculo de cuánto dinero tiene que tener un cajero es muy fino. Y entre poner de más o de menos, muchos bancos prefieren que haya de menos", agrega el experto.

Cultura del cash

Finalmente, la escasez de billetes en los cajeros está ligada a un tema cultural más complicado de resolver.

En la Argentina se sigue utilizando mucho dinero en efectivo, y los retiros son por sumas grandes, cuando se las compara en términos relativos con lo que ocurre en otros territorios.

A fin de cuentas, en un país donde el salario promedio que mide el Indec es de $4.000, la extracción promedio de $645 implica un 16% del ingreso.

En las naciones muy bancarizadas y donde abundan las sucursales tanto bancarias como de las redes comerciales, la gente hace retiros pequeños, apenas para las necesidades inmediatas.

Aquí, en cambio, cuando se acredita el sueldo se estila hacer retiros importantes. Podría decirse que en la Argentina se extrae cinco veces más que en otros países, en términos de paridad", destaca un experto del sector.

Los porcentajes de variación de los volúmenes movilizados en los cajeros dan una pauta de que, lejos de disminuir, el uso del cash se incrementa y sigue, como mínimo, a la variación inflacionaria.

Es así que la extracción promedio hoy es casi un 30% más alta que la de hace un año.
Y a la problemática actual se suma un factor de extrema relevancia. En efecto, los problemas vinculados con el delito han cambiado sobremanera la geografía de extracción de dinero.

"La gente tiende a retirar efectivo principalmente de las terminales percibidas como más seguras, tales como las ubicadas dentro de los shopping centers o estaciones de servicio. Esto hace que el sistema pierda eficiencia, porque ocurre que hay cajeros con dinero en zonas donde la gente no se anima a ir, y así la demanda se concentra en pocas unidades", describe Nuré.

Así las cosas, razones que tiene que ver con:

• Las limitaciones físicas de billetes en las máquinas.
• Una alta inflación, que hace que se demande más dinero.
• Cuestiones logísticas vinculadas con la mayor frecuencia de reposición.
• Aspectos gremiales y de seguro del transporte.
• Concentración de la demanda en lugares más seguros.
• Razones culturales que hacen que los argentinos se manejen con más cash.
• Y el costo que representa el capital inmovilizado para los bancos.
Hacen pensar que, tal como describen los expertos, el problema de la falta de billetes podrá alivianarse, pero no resolverse completamente de un día para el otro.
Por Fernando Gutiérrez - Paola Quain

10/01/2011

El Gobierno ajusta las pautas para tramitar el domicilio fiscal.

2011-01-05T17:56:00.000-03:00

El organismo a cargo de Ricardo Echegaray también modificó pautas para impuestos internos y lanzó un nuevo aplicativo para Ganancias y Bienes Personales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ajustó las pautas para tramitar el domicilio fiscal.

La medida se dio a conocer a través de la resolución general 3003 publicada en el Boletín Oficial. Para acceder a la norma haga clic aquí.

La norma establece que "una vez efectuada una modificación del domicilio fiscal, desde el servicio Sistema Registral, las demás modificaciones que se produzcan dentro del año inmediato siguiente, deberán denunciarse exclusivamente ante la dependencia del Organismo con jurisdicción sobre el domicilio que se pretende modificar".

Ganancias y Bienes Personales
Por otra parte, a través de la resolución 3006 publicada en el Boletín Oficial, el fisco nacional pone en marcha un nuevo programa aplicativo Unificado denominado "Ganancias Personas Físicas - Bienes Personales - Versión 12.0".
El software deberá ser utilizado por las personas físicas y sucesiones indivisas para determinar e ingresar las declaraciones correspondientes al período fiscal 2010.
Impuestos internos
Por último, a través de la resolución general 3004 publicada en el Boletín Oficial, la AFIP sustituye diversas disposiciones del procedimiento que deben cumplir los responsables de los impuestos internos, a fin de devolver los valores fiscales inhábiles o los instrumentos fiscales de control, para su destrucción

Fuente: Iprofesional.com

05/01/2011

Lanzan registro único de comerciantes de autos y motos usadas

2011-01-05T17:41:00.000-03:00

El fisco nacional apunta a los operadores habitualistas en transacciones que involucran rodados y motovehículos de segunda mano.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Subdirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ponen en marcha un nuevo registro para la compraventa de autos usados.

El nuevo mecanismo de control se dio a conocer a través de la resolución conjunta 3007 y 977 publicada en el Boletín Oficial. Para acceder al texto completo de la norma haga clic aquí.

La norma establece la habilitación de un registro unificado de comerciantes habitualistas en la compraventa de automotores y motovehículos usados.

El registro se conformará y actualizará con los datos provenientes del régimen de información respecto de las operaciones de intermediación y/o compraventa de vehículos automotores y/o motovehículos, usados puesto en marcha a través de la resolución general 2032.

Fuente: Iprofesional.com

05/01/2011

Lavado de dinero: concentran la supervisión del sistema

2010-12-29T10:15:00.000-03:00

Las tareas que venía realizando, Alejandro Strega, coordinador y representante argentino ante el GAFI, fueron absorbidas por la UIF.

Las tareas que venía realizando, Alejandro Strega, coordinador y representante argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fueron absorbidas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

De esta manera, Strega siguió el camino que ya transitaron la presidenta y el vicepresidente de la UIF, Rosa Falduto y Alberto Rabinstein. También tomaron esa senda los siete integrantes del Consejo de Asesores de la Unidad.

Por ende, el actual titular de la UIF, José Sbattella, concentra aún más la supervisión del sistema y la representación ante los organismos internacionales, competencias que obtuvo con el decreto 1936 publicado el 14 de este mes.

La Argentina cuenta ahora con un par de semanas más para preparar un programa general de reformas sistémicas, que el GAFI revisará en su próximo plenario de febrero, informa el matutino la Nación.

Complementariamente, en marzo próximo el GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado.

Fuente: Iprofesional.com

29/12/2010

Lavado de dinero: se posterga el acuerdo con Estados Unidos

2010-12-22T00:47:00.000-03:00

En febrero próximo, el GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar en el ingreso de la Argentina a la "lista gris" de naciones.

La delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que visitó el país informó a las autoridades locales que el restablecimiento del flujo de información confidencial con Estados Unidos se restablecerá recién en febrero próximo, como mínimo.

La decisión de Estados Unidos adelantada por el matutino La Nación frustró los planes del jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, que esperaba firmar un nuevo "memorando de entendimiento".

La delegación que viajó desde Washington argumentó razones oficiales de "agenda" para postergar la firma del memorando hasta febrero, en simultáneo con la reunión plenaria que el GAFI mantendrá en París para evaluar "el caso argentino".

Puntualmente, en París el GAFI determinará si inicia el proceso que podría desembocar a partir de octubre en el ingreso del país en la "lista gris" de naciones sin interés real por combatir el lavado.

"Sbattella quería firmar, pero los estadounidenses lo pasaron para más adelante, para fines de enero o mediados de febrero", resumió al matutino un funcionario argentino para graficar las negociaciones en marcha.

Los funcionarios locales confían que el nuevo decreto que reorganizó el sistema antilavado local y dio preeminencia a la UIF terminará por destrabar el demorado memorando.

Fuente: Iprofesional.com

21/12/2010

Exigen medidas concretas de la Argentina contra el lavado de dinero

2010-12-17T11:20:00.000-03:00

El presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, adelantó que las autoridades presentarán un "plan de acción" en febrero próximo en Paris.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reclamó al Gobierno argentino "acciones concretas" para solucionar las deficiencias del país en materia de prevención y combate contra el lavado de dinero, tras reconocer que hay "voluntad política" para hacerlo.

El presidente del GAFI, el mexicano Luis Urrutia Corral, adelantó que las autoridades de la Argentina presentarán un "plan de acción" en una reunión que se llevará a cabo en febrero próximo en Paris para que el organismo intergubernamental haga en 2011 un "seguimiento intensivo" del caso del país, informa la agencia Efe.

"El primer paso esta dado", dijo Urrutia Corral, e insistió en que ahora es momento de convertir la retórica en acciones eficaces para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, los objetivos que tiene el organismo desde su creación en 1989.

Urrutia se encuentra en Buenos Aires en coincidencia con una reunión semestral de expertos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay, que comenzó este martes.

El directivo del GAFI ofreció una rueda de prensa tras mantener en los últimos días reuniones con el Gobierno y representantes del sector financiero, del Poder Judicial y del Parlamento para discutir un informe, publicado este año, en el que el organismo consideró que en Argentina "no es efectivo" el trabajo para combatir el lavado de dinero.

En el documento, de 189 páginas y elaborado por una misión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay que visito la Argentina en 2009, el GAFI destacó que este país incumple con el 40% de las recomendaciones del organismo internacional. Pero Urrutia Corral destacó que desde aquella visita que permitió elaborar el informe hasta ahora el Gobierno ha hecho "algunos avances y ajustes" para solucionar sus deficiencias en la materia y "se comprometió a hacer mas".

"No esperamos que para febrero se cumplan todas las medidas, pero si queremos escuchar un plan programático" para el corto y mediano plazo, sostuvo.
En ese sentido, valoró el decreto presidencial publicado este martes en el Boletín Oficial que amplía las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) para llevar adelante sus tareas de "investigación de lavado de dinero proveniente de delitos graves y de la financiación del terrorismo".

Urrutia se reunió en Buenos Aires con el jefe del Gabinete argentino, Anibal Fernández; el ministro de Justicia, Julio Alak; el titular de la UIF, Jose Sbatella; la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont; y el procurador general, Esteban Righi, además de entrevistar a legisladores y banqueros, consigna Efe.

Si bien se mostró reticente a comentar el caso de Argentina, consideró que los sectores financieros "están bien regulados" y comentó que las mayores deudas del país pasan por lo que llamó los "sectores informales".

"Tampoco hay un sistema muy claro de supervisión y de sanciones para quienes lavan dinero, y en cuanto a la financiación del terrorismo hay deficiencias en el tipo penal y en los mecanismos para congelar activos de personas sospechosas", indicó.

En declaraciones que reproduce la agencia Efe, Urrutia señaló que quizás para octubre haya una decisión del organismo y, aunque insistió en que no aludía al caso argentino, explicó que el peor escenario para los que incumplen las recomendaciones del GAFI es ser colocado en una suerte de "lista negra" de países con mayores riesgos para realizar transacciones financieras.

Fuente: Iprofesional.com

16/12/2010

El Gobierno reforzó los controles contra el lavado de dinero.

2010-12-14T11:31:00.000-03:00

Las empresas deberán designar un oficial de cumplimiento que será el encargado de formalizar las presentaciones ante la Unidad de Información Finaciera.

A través del decreto presidencial 1936/2010 publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decidió endurecer los controles contra el lavado de dinero.

La implementación de la norma es el primer paso concreto en respuesta a un duro informe emitido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Para acceder al texto completo del decreto haga clic aquí.

En primer término, la norma firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fija que la Unidad de Información Finaciera (UIF) establecerá los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de los mecanismos para detectar las maniobras de lavado de dinero.

El decreto agrega que el sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la UIF, José Sbatella, quien dispondrá la sustanciación del procedimiento.

Ante la negativa de la empresa sospechada, la UIF podrá solicitar al Ministerio Público la orden de allanamiento para el ingreso al domicilio con la finalidad de efectivizar la inspección y obtener la documentación necesarioa para llevar adelante la investigación.

Asimismo, se deja en claró que los sujetos obligados -bancos y joyerías entre otros- deben informar ante la UIF las "conductas o actividades, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa".

Las sociedades regularmente constituidas que se encuentran bajo la mira de la UIF, deberán designar un oficial de cumplimiento que será el encargado de formalizar las presentaciones que deban efectuarse ante el organismo conducido por Sbatella.

De tratarse de una sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los socios de la misma.
A fin de determinar a quienes deberán informar las sociedades y los sujetos obligados, la norma establece que "se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial".

"En tal sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados", agrega la norma.

La información mínima a requerir a los clientes abarcará:
Personas físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad;
sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad; CUIT/CUIL/CDI; domicilio; número de teléfono y profesión
"Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante", agrega la norma.
Personas jurídicas: denominación social; fecha y número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado; domicilio; número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada.

"Asimismo se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica", agrega la norma.

A su vez, cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados tendrán que adoptar medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.

Por otra parte, los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones.

En igual sentido, el decreto fija que "los sujetos obligados deberán establecer manuales de procedimiento de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento".

"La información recabada deberá conservarse como mínimo durante 5 años", agrega el decreto.

También da un listado de hechos u operaciones sospechosas:
Los servicios postales, por montos o condiciones, que pudieran exceder manifiesta y significativamente la razonabilidad, en orden a la naturaleza de la operación.
El comercio de metales o piedras preciosas, el transporte de dinero en efectivo o su envío a través de mensajerías, fuera de la actividad habitual del comercio o dentro de ella, excediendo los márgenes de la razonabilidad.
La realización de operaciones secuenciales o transferencias electrónicas simultáneas entre distintas plazas, sin razón aparente.
La constitución de sociedades que realicen operaciones con bienes muebles o inmuebles; contratos de compraventa, facturas de importación o exportación, o préstamos, sin contar con una evolución patrimonial adecuada.
Los registros de operaciones o transacciones entre personas o grupos societarios, asociaciones o fideicomisos que por su magnitud, habitualidad o periodicidad excedan las prácticas usuales del mercado.
Las contrataciones de transporte de caudales, que por su magnitud y habitualidad, revelen la existencia de transacciones que excedan el giro normal de las personas jurídicas contratantes.
Las operaciones conocidas o registradas por empresas aseguradoras, fundadas en hechos y circunstancias que les permitan identificar indicios de anormalidad con relación al mercado habitual del seguro.
Las actividades realizadas por escribanos, contadores y otros profesionales y auxiliares del comercio, en el ejercicio habitual de su profesión, que por su magnitud y características se aparten de las prácticas usuales del mercado.
"El plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas del lavado de activos, será de 30 días a partir de la operación realizada", especifica el flamante decreto.

De tratarse de hechos u operaciones sospechosas de financiación del terrorismo será de 48 horas a partir de la operación realizada.
Fuente: Iprofesional.com

14/12/2010

En menos de un mes aumentan los intereses que cobra la AFIP .

2010-12-14T11:23:00.000-03:00

La tasa mensual para calcular los resarcitorios pasa al 3% mientras que los punitorios se calculará bajo el nuevo índice del 4 por ciento.

En poco menos de un mes, aumentan las tasas para calcular los intereses resarcitorios y punitorios que cobra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El incremento se dio a conocer a través de la resolución 841/2010 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para acceder al texto completo de la norma haga clic aquí.

La norma establece las siguientes tasas que entrarán en vigencia a partir del 1º de enero próximo:

Intereses resarcitorios: 3% mensual.
Intereses punitorios: 4% mensual.

La resolución también establece que "respecto de la cancelación de las obligaciones cuyo vencimiento hubiera operado antes del 1º de enero próximo, se deberán aplicar los regímenes vigentes durante cada uno de los períodos alcanzados por los mismos".

Fuente: Iprofesional.com
14/12/2010

Mi Simplificación II: la AFIP puso la lupa sobre los convenios colectivos de trabajo

2010-12-14T11:15:00.000-03:00

Desde el 23 de diciembre, unos 550.000 empleadores serán alcanzados por la obligación de informar, además, la categoría profesional y el puesto de cada dependiente. El impacto de la medida, según expertos y sindicatos consultados por iProfesional.com.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no detiene su marcha y sigue creando nuevos mecanismos de control que le permiten detectar evasores y contribuyentes morosos, no sólo de impuestos sino también de cargas sociales.

Y con ese objetivo, el organismo que conduce Ricardo Echegaray, acaba de lanzar "Mi Simplificación II", una versión mejorada del régimen vigente de altas y bajas de empleados online, que trae como novedad la obligatoriedad de identificar el convenio colectivo de trabajo, la categoría profesional y el puesto desempeñado por cada dependiente.

Esta medida, que abarca a más de 7.200.000 trabajadores y 550.000 empleadores, fue diseñada, por un lado, para facilitar la declaración de nuevas relaciones laborales, las cesantías y modificaciones respecto de un vínculo de trabajo. Pero también denota que el fisco puso la mira en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

De esta forma, y tal como anticipó en exclusiva a iProfesional.com, Carlos Sánchez, Director General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, la incorporación de los distintos convenios colectivos de trabajo, en la base de datos del sistema de seguridad social, ya es un hecho.

"Quienes no hacen las cosas bien, sabrán que nosotros tenemos indicadores sobre los cuales podemos inferirlo, nos podemos aproximar y los podemos detectar", advirtió el funcionario.

Y, en este sentido, agregó: "Vamos a ir actualizando, a nivel de CUIL, la categoría y el convenio colectivo de cada empleado".

El objetivo de esta medida es claro: intensificar los controles para que cada empleado cobre lo que establece su categoría, y que el empleador, pague los tributos correspondientes.
De esta forma, las autoridades del organismo recaudador buscan evitar que las empresas registren a sus dependientes en una categoría inferior a la que fija el convenio correspondiente y, de ese modo, ingresen un monto inferior en concepto de cargas sociales.
En este contexto, y de cara al nuevo sistema que se pondrá en marcha desde el día 23 de diciembre, especialistas y representantes sindicales consultados por iProfesional.com, reconocieron que "Mi Simplificación II" es una buena herramienta de control.

Además, admitieron que la realidad puede distar de aquello que los empleadores declaran al fisco, pero plantearon algunos reparos en cuanto a , de esta forma, el fisco podrá poner un freno al empleo en negro, que consideraron una cuestión preocupante.

Datos clave para detectar incumplimientos

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), advirtieron que, puede suceder que "una cosa sea la categoría que se dice y otra la que verdaderamente corresponde".

Para esos casos, remarcaron, "no hay otra alternativa que chequearlo a través de una inspección", poniendo de relieve que, en la actualidad, hay empresas que no declaran la categoría respectiva sino una menor.

En este sentido, indicaron que la información aportada servirá como punto de partida a los fines de que la AFIP detecte posibles irregularidades, especialmente considerando que hoy cuenta con un "as bajo la manga", que es la posibilidad de aplicar presunciones laborales.

En este contexto, Adrián Faks, titular del estudio Faks Abogados, destacó que la medida "mejorará la forma de inscripción de los trabajadores" y añadió que, a su vez, "va a generar un mayor cruzamiento de información".

Además, puntualizó: "Sin ninguna duda, esto va a repercutir en que los empleadores tengan todos los registros al día, y completos de manera correcta".

Por otra parte, desde el SEC enfatizaron que, a partir de "Mi Simplificación II", la AFIP va a tener que "determinar si hay relación entre la categoría y el aporte realizado. Creo que es importante, depende de cómo se implemente".

¿Un disparador para el control de los sindicatos?

En la actualidad, las entidades gremiales sólo obtienen información de los aportes realizados por las compañías a través de las planillas que las empresas presentan. Pero también se nutren de los datos que surgen de las inspecciones que ellos mismos realizan.

Faks sostuvo que "si están todos los sindicatos en línea, se enterarán de inmediato y podrán confirmar las categorías ingresadas, de modo de confirmar si están bien cargados los datos y chequear que no estén colocando a los empleados en una categoría inferior".

En tal sentido, Dante Camaño, Secretario General del Sindicato de Gastronómicos de Capital Federal, explicó: "Hacemos inspecciones donde se toma lista de empleados con padrón del sindicato y se verifican documentos del contador de la empresa. Algunas las realizamos junto al Ministerio de Trabajo, y otras solos", sostuvo el sindicalista.

Y remarcó que "eso pasa en las compañías más chicas, ya que en las grandes, al tener delegados, no tenemos tantos problemas".

En tanto, desde el SEC mostraron optimismo sobre los efectos de la nueva medida y señalaron "supuestamente, vamos a tener mayor información, en la medida que accedamos a ella".
Un problema de fondo: el empleo en negro

Si bien la lucha contra el empleo no registrado configura un problema de fondo, de difícil solución en el corto plazo, la AFIP y también el Ministerio de Trabajo se encuentran tras los pasos de quienes no declaran a sus empleados o lo hacen de forma irregular.

A tal efecto, a las polémicas presunciones previsionales, ahora se sumaría un dato clave más para que el fisco advierta casos de evasión de cargas sociales.

Sin embargo, en este escenario, las fuentes consultadas plantearon interrogantes sobre si Mi Simplificación II respecto a cuánto podría terminar redundando en un menor nivel de informalidad laboral.

En este sentido, Caamaño disparó: "Los que están en negro van a seguir estando en negro".

Además, destacó que el problema del trabajo no registrado es realmente serio, al señalar que "en Buenos Aires, existen más de 10.000 establecimientos de turismo y gastronomía, y sólo 7.000 están registrados. Es decir, que casi el 40% no pagan nada".

Y Faks afirmó que "esta medida, sin dudas, va a mejorar las estadísticas de datos, pero creo que no será determinante al momento de combatir el empleo no registrado".

Fuente: Iprofesional.com

14/12/2010

Lavado: el Ejecutivo busca evitar sanciones por fallas en los controles.

2010-12-13T09:22:00.000-03:00

El Gobierno presentará un plan destinado a corregir las deficiencias señaladas por el GAFI. Dictará un decreto para concentrar atribuciones en la UIF.

El Gobierno nacional intentará convencer al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Luis Urrutia Corral, sobre la elaboración de un plan destinado a corregir las deficiencias en los controles de lavado de dinero.

La primera acción será dictar un decreto para concentrar atribuciones en la Unidad de Información Financiera (UIF), señala el matutino La Nación en su edición de hoy.

En la última reunión del GAFI emitió un informe en donde señala que la Argentina no cumple con 47 de las 49 normas que regulan la lucha contra el lavado de dinero. Asimismo, el documento marcó 250 deficiencias y colocó al país bajo un "proceso de seguimiento riguroso e intensivo".

Ante este panorama, el coordinador nacional de políticas antilavado, Alejandro Strega, reclamó a todas las áreas de Gobierno, elaborar un plan de acción. Debido a la particular situación, Luis Urrutia Corral, titular del GAFI, inicia hoy la visita al país.

Respecto al decreto próximo a oficializarse, altas fuentes del Ministerio de Justicia y de la propia UIF señalaron al matutino que la nueva norma "trata de poner en claro atribuciones que el organismo ya tiene".

El plan enviado al GAFI por el Gobierno prevé que algunas de las 250 deficiencias se están corrigiendo ahora, pero que las más importantes se las corregirá en noviembre de 2011 a través del Congreso.

En efecto, algunas reformas que pueden introducirse por vía de decretos o resoluciones, estarán listas entre este mes y febrero próximo.

Principalmente, la Argentina debe avanzar sobre los siguientes problemas: la falta de condenas por lavado; que la legislación no penaliza los delitos de autolavado ni el de conspiración; que algunas de las sanciones previstas para el lavado son leves y que tampoco existe un régimen de confiscación de bienes.

Según el GAFI, hay grandes sectores económicos que directamente están fuera del sistema.

Fuente: Iprofesional.com

13/12/2010

Relanzamiento de cheque cancelatorio: operatoria e implicancias fiscales.

2010-12-10T13:18:00.000-03:00

El Consejo Profesional porteño explicó las principales características y limitaciones de este instrumento financiero. Quiénes pueden adquirirlo, cómo es su operatoria y la incidencia que tiene en el impuesto al cheque y en la Ley Antievasión.

En el marco de las medidas tendientes a disminuir la utilización de dinero en efectivo en el sistema financiero, el Banco Central emitió la Comunicación "A" 5130, flexibilizando la utilización del denominado "cheque cancelatorio" por medio de un mecanismo más ágil e instantáneo, lo que otorga seguridad tanto para quienes entregan los cheques cancelatorios como para quienes los reciben.

El relanzamiento del cheque cancelatorio se encuentra operativo a partir del 23 de noviembre y se puede adquirir de manera gratuita en cualquier entidad financiera del país.

Los cheques cancelatorios librados en pesos podrán ser utilizados para cualquier tipo de operaciones y producirán efectos de pago desde el momento en que se hace la tradición de dichos cheques al acreedor.

En cambio, los cheques cancelatorios emitidos en dólares deberán utilizarse exclusivamente para operaciones inmobiliarias.

Formas de adquisición

Los cheques cancelatorios constituyen un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo y podrán ser adquiridos tanto por personas físicas como jurídicas, con las siguientes características y limitaciones:

En caso de que el comprador de un cheque cancelatorio necesite pagar un monto superior a los límites establecidos, podrá solicitarle a la entidad financiera que libre más de un cheque hasta cubrir el total de la operación

Compra de cheques por personas físicas y jurídicas

Las personas físicas podrán adquirir los cheques cancelatorios en una entidad financiera en la que tengan cuenta y firma registrada.

Si la persona física adquiere un cheque cancelatorio en pesos, los fondos deberán provenir exclusivamente de un débito bancario de su cuenta, por lo cual, previo a la adquisición tendrá que disponer de saldo suficiente en su cuenta para cubrir el importe del cheque cancelatorio.

Sin embargo, si la persona física adquiere un cheque cancelatorio en dólares, podrá optar por entregar a la entidad financiera dólares billetes o hacerlo mediante débito bancario en la misma moneda.

En cambio, las personas jurídicas solo podrán comprar cheques cancelatorios en dólares y únicamente mediante débito en cuenta en esa misma moneda.

Por lo tanto, las empresas podrán utilizar el cheque cancelatorio exclusivamente para las operaciones inmobiliarias en dólares, previo depósito en su cuenta bancaria.

Beneficiarios

El beneficiario final de un cheque cancelatorio deberá presentarse para su cobro en una entidad financiera donde posea cuenta y firma registrada.

Las personas físicas podrán optar por cobrarlo en efectivo o bien depositarlo en su cuenta.

En cambio, las personas jurídicas deberán depositarlo en su cuenta para que se les sean acreditados los fondos.

Endosos

Los documentos podrán ser endosados dos veces mediante firma certificada. El primer endoso podrá ser efectuado tanto por una persona física como por una jurídica.

Sin embargo, el comunicado del Banco Central aclara que el segundo endoso sólo lo podrá realizar una persona física.

En caso de que el cheque cancelatorio fuera librado en pesos, los endosos podrán certificarse mediante tres formas: escribano, funcionario de entidad financiera o autoridad judicial.

Si el cheque cancelatorio es librado en dólares, el endoso deberá estar certificado únicamente por escribano.

Descripción de la operatoria

Las entidades financieras participantes de la operatoria de compra y venta de cheques cancelatorios recibirán del BCRA los documentos en consignación.

Estos documentos serán librados por las entidades financieras a pedido del comprador y deberán ser presentados para su cobro en la entidad en que tenga cuenta su tenedor dentro de los 90 días corridos contados a partir del momento en que fueron librados.

El circuito de emisión, libramiento y entrega de cheques cancelarios se podría resumir en el siguiente esquema:

Verificaciones on line

Tanto las entidades financieras como el público en general podrán constatar la legalidad del cheque cancelatorio mediante un sistema de consultas online que ya se encuentra disponible en la Web del BCRA (www.bcra.gov.ar - sección: Cheques cancelatorios - Consultar vigencia).
A esos fines se deberá indicar una serie de informaciones que identifican al cheque cancelatorio, tales como: número de serie, número de cheque, entidad emisora, número de transacción, CUIT del comprador, tipo de moneda, monto de la operación y CUIT del beneficiario.

Incidencia en el Impuesto al Cheque

Una de las cuestiones no definidas expresamente por la Comunicación del BCRA es la incidencia del Impuesto al Cheque al momento de efectuar el depósito del cheque cancelatorio en la cuenta del beneficiario.

Ante la falta de precisión, corresponde remitirnos a la Ley 25.413 y su Decreto Reglamentario Nº 380/01, donde se establece que quedan alcanzados por el Impuesto los créditos y débitos, cualquiera sea su naturaleza, efectuados en cuentas abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras.

Siendo ello así, y ante la falta de precisiones, podrían encontrarse alcanzados por el Impuesto al Cheque los depósitos en cuenta provenientes de cheques cancelatorios, salvo cuando se trate de personas físicas que opten por cobrarlos en efectivo.

Ley Antievasión

Las operaciones realizadas por medio de cheques cancelatorios cumplen con los medios de pago admitidos por la Ley Antievasión (Ley 25.345), por lo cual tendrán efectos entre las partes y hacia terceros, permitiendo de este modo el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que provengan de la operación.

El cheque cancelatorio se perfila como un instrumento que podría reducir el traslado de dinero en efectivo, especialmente cuando se trata de operaciones inmobiliarias encadenadas en dólares, ya sea para cancelar boletos de compra-venta de inmuebles o escrituras traslativas de dominio, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la Ley Antievasión, otorgando plena validez entre las partes y terceros.

Así, el beneficiario podrá consultar en la página Web del BCRA la legalidad y la disponibilidad de los fondos del cheque cancelatorio previo a concretarse la operación.

Marcos Verdún
Asesor Tributario
Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

© Especial para iProfesional.com
10/12/2010

La AFIP lanzó nuevas pautas para incorporar y desafectar personal.

2010-12-10T13:05:00.000-03:00

El fisco puso en marcha "Mi Simplificación II" para fortalecer el empleo en blanco y reforzar la lucha contra la evasión en cargas sociales. Además, incorporó la obligatoriedad de identificar el convenio colectivo de trabajo, la categoría profesional y el puesto desempeñado por cada empleado.

En lo que puede ser tomado como un "inesperado" regalo de Navidad para las compañías, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió reformular las pautas que deberán seguir las empresas -a partir del 23 de diciembre próximo- al momento de incorporar y desafectar personal.

En efecto, a través de la resolución general 2988, publicada en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray puso en marcha el nuevo sistema registral llamado "Mi Simplificación II" que tiene la misión de cumplir con un doble objetivo:
Agilizar los pasos a cumplir por parte de los empleadores para dar de alta y de baja a sus dependientes y,
Reforzar la lucha contra la evasión de cargas sociales.
Desde el fisco nacional, precisaron que los cambios abarcan a más de 7.200.000 trabajadores registrados y 550.000 empleadores.
Puntualmente, Echegaray aseguró que "la nueva versión del sistema Mi Simplificación facilita la registración de los empleados y mejora los controles en materia de Seguridad Social".

"Los 550.000 empleadores que utilizan la herramienta se encontrarán con una plataforma informática de última generación", aseguró el titular de la AFIP.
Y agregó: "El renovado sistema interrelaciona a todos los organismos del Estado, agilizando el acceso a la información para poder maximizar los controles".
También remarcó que los empleadores están obligados a entregar a su personal el comprobante de "empleo registrado" cuando comienzan su relación laboral.

Nuevas pautas

A efectos de entender el alcance de la reformulación reglamentaria, Daniel Pérez, titular del estudio que lleva su nombre, explicó a iProfesional.com los cambios centrales de la nueva resolución que entran en vigencia antes de Navidad.

"Esta modificación, implica una profundización y mejora respecto de la unificación y control del sistema registral laboral y de la Seguridad Social, el que, ha sido una experiencia exitosa en cuanto a la conformación de bases integradas", explicó el experto.

En materia de datos, el experto indicó que "el cambio de plataforma informática, además de la rapidez en la operación, va a implicar una serie de consultas más ágiles y mejor diseñadas".

Marcelo Domínguez, coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), agregó como una ventaja adicional, que en el nuevo sistema "todos los datos a cargar por el empleador se encuentran dispuestos en tablas, previéndose la posibilidad de exportarlos a sistemas propios y de realizar búsquedas dinámicas de información".

"Desde la Facpce esperamos que la nueva plataforma informática facilite la carga de aquellos inherentes a las relaciones laborales y que pueda ser utilizada sin inconvenientes, por parte de los empleadores y de los trabajadores, así como también por los distintos organismos de la Seguridad Social", agregó Domínguez.

Mayor control

Si bien los expertos consultados por este medio coincidieron en la importancia del avance tecnológico que apareja esta nueva medida de la AFIP, también advirtieron sobre futuros focos de conflicto.
Esto es así, ya que la nueva reglamentación incorpora como obligatoria la identificación de los convenios colectivos de trabajo, la categoría profesional y el tipo de servicio desempeñado por cada trabajador.
Tal avanzada fue adelantada, en exclusiva, por el Director General de los Recursos de la Seguridad Social, Carlos Sánchez, en el marco del seminario "Nuevo Escenario Laboral" organizado por iProfesional.com (Lea más: "La AFIP revela los controles que vienen sobre cargas sociales y empleo en negro").
Más precisamente, Sánchez anunció oportunamente la incorporación de los distintos convenios colectivos de trabajo en la base de datos del sistema de Seguridad Social, con el claro objeto de controlar que cada empleado cobre lo que establece su categoría, y que el empleador, ingrese los tributos correspondientes.
"La finalidad de esta medida es la de evitar que los empleadores registren a sus trabajadores en una categoría inferior a la que fija el convenio y, de ese modo, ingresar las cargas sociales correspondientes", explicó Sánchez.
Al respecto, Pérez advirtió que "el hecho de que, a partir de las nuevas reglamentaciones, se incorporen datos respecto de los convenios colectivos de trabajo, no solamente implica una responsabilidad muy importante para el empleador, sino también una fuente de información que puede ser utilizada por los sindicatos y dar lugar a conflictos gremiales".

Héctor García, titular de García, Pérez Boiani & Asociados, también manifestó su preocupación respecto a que la nueva resolución "extiende la obligatoriedad de altas y bajas para pasantes con todo lo que ello significa en cuanto a seguir desalentando esta figura por su excesiva equiparación y asimilación a una relación laboral".

Por otra parte, García alertó que se "establece la obligatoriedad para el empleador de informar la obra social de cada trabajador, aún cuando la flamante norma no prevé un circuito para que dicha información le llegue, sin incurrir en posibles injerencias".
Por último, Nicolás Yasi, consultor tributario y miembro de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos), advirtió que "tanta información conlleva a que el Estado nacional pueda liquidar los salarios de todos los trabajadores en forma automática".
"De esta manera se trabaría la relación flexible que debe existir entre el empleador y el empleado puesto que si el primero quiere gratificar a un trabajador por su desempeño, con un incremento salarial fuera del convenio, el mismo no podría ser calculado y pagado", aseguró Yasi.

Sueldos online

Una vez aceitado el nuevo mecanismo, se podrá contar con una sola base de datos digital que será válida para el fisco nacional, el Ministerio de Trabajo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros organismos que demanden datos declarados por las compañías.
"De esta manera, se pondrá punto final a las serias inconsistencias que se presentan en la información volcada ante los distintos organismos públicos", precisaron desde la AFIP.
En una etapa posterior, se avanzará en la digitalización del libro de sueldos y jornales, un viejo anhelo del organismo de recaudación. El detalle formará parte de la base de datos a la que podrán acceder las dependencias interesadas a través de un aplicativo por Internet.

Fuente: Iprofesional.com
10/12/2010

Día Internacional contra la Corrupción - 9 de Diciembre

2010-12-09T00:34:00.000-03:00

Mensaje del Secretario General con motivo del Día Internacional contra la Corrupción

9 de diciembre de 2010

La corrupción es una amenaza para el desarrollo, la democracia y la estabilidad. Distorsiona los mercados, frena el crecimiento económico y desalienta la inversión extranjera. Erosiona los servicios públicos y la confianza en los funcionarios. Da pábulo al deterioro del medio ambiente y pone en peligro la salud pública al permitir el vertido ilegal de residuos peligrosos y la producción y distribución de falsos medicamentos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha ayudado al sector público a avanzar en la adopción de medidas disuasorias para que no se cometan delitos de esa índole. El pasado año, los Estados partes en la Convención, que suman ya 148, establecieron un mecanismo de examen entre pares para identificar lagunas en las leyes y las prácticas nacionales de lucha contra la corrupción, logro importantísimo que puede ayudar a los gobiernos a poner coto al soborno y a la malversación de fondos públicos.

También es esencial la contribución del sector privado. La corrupción es un cargo oculto añadido a los gastos generales que hace subir los precios y merma la calidad sin beneficio alguno ni para los productores ni para los consumidores. Prevenir la corrupción es ventajoso incluso desde el punto de vista económico, pues son cada vez más los inversores que toman sus decisiones no solo en función de consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza, sino también en función de la ética en el desempeño.

Hago un llamamiento a los líderes empresariales de todo el mundo para que denuncien la corrupción y hagan valer sus palabras con prohibiciones estrictas contra la misma. Deben adoptar políticas contra la corrupción en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas e implantar los controles necesarios para fortalecer la integridad y la transparencia. También insto a las empresas a cooperar más estrechamente con las Naciones Unidas a este respecto. En particular, deben considerar la posibilidad de sumarse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial, que proporciona a los participantes instrumentos para combatir todas las formas de corrupción, sin olvidar la extorsión y el soborno.

Lo que encarecemos a los sectores público y privado, también debemos practicarlo nosotros en las Naciones Unidas. Una cultura institucional basada en la ética es uno de los mejores antídotos contra la corrupción. La Oficina de Ética de las Naciones Unidas promueve la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia en el marco de una normativa muy explícita que protege de represalias al personal que denuncie faltas de conducta o participe en auditorías e investigaciones que pueden sacar a la luz comportamientos corruptos.

Las Naciones Unidas también se esfuerzan por combatir la corrupción en sus actividades, concretamente en la contratación, con mecanismos para asegurar la rendición de cuentas a nivel individual, la colaboración con las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y la investigación de todos los posibles casos de corrupción que puedan surgir. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas ha convocado a organizaciones de todo el mundo a una conferencia que se celebrará los días 8 y 9 de diciembre en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York al objeto de potenciar el papel de las investigaciones internas en la lucha contra la corrupción.

En este Día Internacional contra la Corrupción, todos debemos poner de nuestra parte para fomentar prácticas éticas, salvaguardar la confianza y asegurar que no se produzca ninguna desviación de los valiosos recursos que necesitamos para llevar a cabo nuestra labor conjunta en pro del desarrollo y de la paz.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

09/12/2010

Los jefes jóvenes son más proclives a implementar el teletrabajo.

2010-12-03T15:36:00.000-03:00

Una reciente encuesta reveló que el 68% de los mandos medios considera que los empleados de sus compañías pueden tele trabajar al menos dos días por semana.

El 68% de los jefes jóvenes (que desempeñan en su mayoría mandos medios) considera que los empleados de sus compañías pueden tele trabajar al menos dos días por semana, reveló la consultora Jobing reveló en el marco de la Conferencia sobre Teletrabajo organizada por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina.

El teletrabajo consiste en una modalidad de trabajo a distancia que permite a los empleados no tener que trasladarse diariamente a la oficina para cumplir con sus tareas y llevarlas a cabo desde su casa o un lugar alternativo ahorrando tiempo y dinero, al tiempo que para las empresas que los aplican les significa importantes aumentos en la productividad.
El estudio desarrollado por Jobing fue realizado sobre 400 ejecutivos de todo el país que accedieron en forma voluntaria a responder un cuestionario online.

Del mismo estudio surge también que, si bien los jefes jóvenes están muy a favor del teletrabajo, en el caso de los cargos jerárquicos, sólo el 37% cree que sus empleados pueden desempeñar su trabajo a distancia.
"Esto es así porque los jefes con cargos más altos en una empresa, al tener mas edad y antigüedad en la compañía, están más arraigados a la tradicional organización del trabajo", explicó Fabio Boggino, director de Jobing.

No obstante, Boggino se mostró optimista sobre la predisposición de las empresas a probar con esta nueva modalidad laboral.

"Teletrabajo es la organización del futuro y no es una opción. Es un camino inevitable y cuanto antes los directivos de empresas se den cuenta y lo implementen en sus organizaciones mas podrán no solamente retener talentos sino además atraer nuevas generaciones de empleados que reclaman estas maneras flexibles de trabajo y que serán en unos años los CEO de las empresas", destacó.

El crecimiento del teletrabajo en la Argentina es incesante. Según datos oficiales, se incrementó en el último año un 20 por ciento.

En la actualidad son aproximadamente 1,9 millones, las personas que trabajan bajo la modalidad del teletrabajo. El 10% de esa cifra lo hace bajo relación de dependencia, siendo el resto trabajadores autónomos o emprendedores.

Comparando estos datos con años anteriores, en 2004 había 300.000 teletrabajadores, durante 2007 ascendieron a 590.000, en 2008 esa cifra se elevó a 1.300.000 llegando en 2009 a 1.600.000.

Fuente: Iprofesional.com
01/12/2010

Teletrabajo: el Gobierno impulsa un manual de buenas prácticas

2010-12-03T13:51:00.000-03:00

Se realizarán talleres bi y tripartitos para validar el manual elaborado, con la intervención de teletrabajadores, representantes sindicales y empresas.

Un acuerdo para confeccionar el Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo se concretó el pasado martes.

El acto contó con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina Marcelo Castro Fox, la coordinadora de Teletrabajo Viviana Díaz; el vicepresidente séptimo de la UIA Daniel Funes De Rioja; Ignacio Funes De Rioja (UIA) y autoridades de las empresas participantes del Programa de Teletrabajo para Empresas Privadas (PROPET) y de la Red de Teletrabajo: YPF, Telecom y Cisco.

El manual abordará temas puntuales y transversales al teletrabajo, tales como: seguridad e higiene; certificación de competencias; gestión de recursos humanos; reversibilidad; plus por teletrabajo; privacidad y confidencialidad de la información; mantenimiento, uso y cuidado de los elementos de trabajo, entre otros.

Según se informó desde la cartera laboral, se prevé la realización de talleres bi y tripartitos para validar el manual elaborado, con la intervención de los teletrabajadores, los representantes sindicales y las empresas.

El documento estará precedido por una introducción a cargo de la OIT y recomendaciones que se extraerán a partir del estudio y análisis del Programa de Teletrabajo para el Sector Privado (PROPET), liderado desde la Coordinación de Teletrabajo del MTEySS.

"Esto es para aquellos hombres y mujeres que trabajan en sus casas, que desde sus hogares pueden conciliar la vida laboral con la vida familiar y prestan un determinado servicio en relación de dependencia", señaló Tomada.

Y completó: "No son autónomos, no son trabajadores que no tienen ningún vínculo con la empresa, precisamente en la reunión de hoy estuvieron empresas como YPF, como Telecom, Cisco, y ya están trabajando de esta manera con una parte de sus trabajadores en situación de teletrabajo".

A fin de cumplir con el plan de acción los firmantes se proponen la creación de un comité tripartito de observación y seguimiento del cual participará la OIT en calidad de organismo internacional asesor.

"Nosotros creemos que esta acción de conformar un observatorio es muy pertinente en relación a la necesidad de observar cómo se va desarrollando esta nueva forma de trabajo", expresó el ministro.

"Pusimos la cabeza en este tema porque no queremos poner en riesgo, como ya nos ha pasado con otras instituciones, como en su momento fueron las pasantías o en su momento el trabajo a tiempo parcial, buenos instrumentos que fueron convertidos en mecanismos de fraude laboral, lo mismo pasaba con la tercerización, por eso nuestra tarea desde ya hace varios años viene siendo buscar formas de detectar esa forma del fraude a través de tercerizados que tienen condiciones de precariedad muy alta, o tercerizados que están directamente en trabajo no registrado", concluyó el titular de la cartera laboral

Telecom, YPF y Cisco adhieren a esta iniciativa convalidando la conformación del comité y la designación de una comisión al efecto.

Fuente: Iprofesional.com

02/12/2010

El fisco bonaerense lanzó nuevos planes de regularización de deudas.

2010-11-28T00:02:00.000-03:00

El plan, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, abarca deudas de los impuestos Inmobiliario, a los Automotores, sobre los Ingresos Brutos y Sellos.

La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) implementó un régimen de regularización de deudas impositivas para aquellos contribuyentes bonaerenses que no se encuentren en proceso de ejecución judicial, ni en instancia de fiscalización, determinación o discusión administrativa.

El plan, que estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo, abarca deudas de los impuestos Inmobiliario, a los Automotores, sobre los Ingresos Brutos y Sellos que hubiesen vencido al 31 de diciembre de 2009.

También incluye las deudas provenientes de otros regímenes de regularización que se encuentren caducos al 31 de diciembre de 2009, siempre y cuando el ingreso a esos planes fuese posterior a enero del 2000.

Al referirse a los esquemas de pago vigentes, el titular de ARBA, Martín Di Bella, subrayó que "estamos poniendo al alcance de las empresas y los contribuyentes de la Provincia una excelente oportunidad para que puedan restablecer su vínculo con el fisco, en un contexto de importante crecimiento económico que favorece a todos los sectores de la sociedad".

Di Bella explicó que "es necesario brindar alternativas a quienes tuvieron problemas para pagar", pero aclaró que "si bien el programa de regularización incluye bonificaciones por pago al contado eso no implica, en ningún caso, una reducción del capital adeudado. Todos deben tener en claro que es mucho mejor estar al día con la Provincia que incumplir. Y no sólo por lo que eso significa en términos de solidaridad o compromiso social, sino también porque el contribuyente cumplidor siempre paga menos que aquel que entra en mora o especula".

El esquema de regularización para contribuyentes que no estén en etapa judicial permite las siguientes condiciones de pago:

Al contado: Con una bonificación del 10% para deudores de los impuestos Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos y Sellos.
En cuotas: con un anticipo del 5% de la deuda y el saldo en 3 y hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin bonificación y sin interés de financiación.
En cuotas: con un anticipo del 5% de la deuda y el saldo en 15 y hasta 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin bonificación. En este caso, cada cuota devengará un interés de financiación del 2% mensual sobre saldo.

Para poder formalizar su acogimiento al régimen de regularización, los contribuyentes podrán concurrir a los Centros de Servicio de ARBA habilitados a tal fin o, en el marco del proceso de modernización que desarrolla la Agencia, también tendrán la posibilidad de hacerlo a través del teléfono 0800-321-ARBA (2722), o ingresando a la web: www.arba.gov.ar
Por otra parte, quienes regularicen deudas vencidas al 31 de diciembre de 2008 podrán abonarlas con los Bonos de Cancelación de Deudas de la Provincia de Buenos Aires, siempre y cuando opten por la modalidad de pago al contado.

Programa de regularización para contribuyentes en proceso de discusión

También se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2010 un esquema de regularización para los contribuyentes de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos, que posean deuda sometida a proceso de fiscalización, determinación o en discusión administrativa con ARBA, aún aquellas que se encuentren firmes y hasta el inicio de las acciones judiciales respectivas.

Este programa abarca, en líneas generales, a empresas y grandes contribuyentes con quienes ARBA mantiene divergencias en torno a la determinación de su deuda fiscal. Las características del plan de pagos dependen de la situación de cada contribuyente: en algunos casos se incluyen bonificaciones del 10% por pago al contado, y la financiación se extiende hasta 48 cuotas mensuales.

A través de esta instancia de regularización, ARBA le brinda a estas empresas la posibilidad de normalizar su situación tributaria y, al mismo tiempo, evita recurrir a instancias judiciales posteriores para garantizar el cobro de la deuda en disputa.

Antes de llegar al reclamo de estas obligaciones fiscales, la Agencia de Recaudación, a través de diversos controles, detectó que estos contribuyentes incurrían en maniobras de evasión, o en errores a la hora de aplicar alícuotas, entre otros defectos técnicos. Los contribuyentes decidieron apelar la decisión de ARBA y, debido a ello, las causas correspondientes se encuentran en el Tribunal Fiscal, o bien en un proceso de discusión administrativa que se tramita ante la propia Agencia de Recaudación.

A partir de este plan de pagos, los contribuyentes que reconozcan total o parcialmente la deuda que les reclama Arba podrán regularizar su situación y, complementariamente, la Agencia de Recaudación favorecerá a quienes reconozcan la totalidad de la deuda (y abonen la mitad de la misma) con el levantamiento de cualquier medida cautelar que hubiese dispuesto para asegurarse el cobro.

Planes vigentes para deudores en etapa judicial y agentes de recaudación

La Agencia de Recaudación también mantiene vigente, hasta fin de año, un régimen de facilidades de pago para aquellos contribuyentes de Inmobiliario, Automotores, Ingresos Brutos y Sellos que mantengan deudas en instancia de ejecución judicial.
Al mismo tiempo, rige hasta el 31 de diciembre un programa de regularización para agentes de recaudación que poseen deudas provenientes de retenciones y/o percepciones no efectuadas, en relación a los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos.

Fuente: Iprofesional.com

26/11/2010

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010 Ingresos Brutos: porteños presentarán declaración anual por Internet

2010-11-27T23:55:00.000-03:00

A partir del 1º de diciembre, los contribuyentes locales deberán efectuar la presentación final utilizando un nuevo aplicativo web.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos porteña (AGIP) estableció que a partir del 1º de diciembre próximo los contribuyentes locales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberán presentar la declaración jurada final mediante un aplicativo que estará disponible en la página web del organismo.
La medida se dio a conocer a través de la resolución 631 publicada este viernes en el Boletín Oficial porteño.

La norma agrega que "la autenticación del contribuyente para el acceso a la nueva aplicación se hará efectiva a través de la utilización de la Clave Ciudad porteña".
Asimismo, las empresas y particulares obligados deberán "legalizar la declaración jurada final ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Fuente: Iprofesional.com
26/11/2010

Monotributistas ya pueden sufrir una quita de hasta la mitad de sus ingresos.

2010-11-25T00:15:00.000-03:00

Los pequeños contribuyentes, que facturan más de $6.000 mensuales en promedio y que no presentaron la declaración informativa cuatrimestral exigida por la AFIP, ya se encuentran expuestos a pagos a cuenta en IVA y Ganancias que sumados superan el 50% de los fondos.

Como un castigo adicional para quienes no están en regla con el fisco, ya se encuentra en plena vigencia una nueva avanzada que recae sobre los monotributistas. La medida establece que los pequeños contribuyentes con facturación anual mayor a $72.000, que no cumplieron con el nuevo régimen cuatrimestral de información, ya se encuentran expuestos a importantes retenciones en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en Ganancias.

De esta forma, quienes en promedio facturan más de $6.000 al mes y no hayan declarado -hasta fines de septiembre pasado- la energía eléctrica consumida y los alquileres cancelados -entre otros datos solicitados por el fisco- podrán ver reducidos a la mitad sus ingresos en los próximos días.

Ello es así dado que la retención en IVA aplicable a estos casos se ubica en el 21% mientras que el pago a cuenta en Ganancias es de 35%. Sumadas arrojan un 56%, importe que será retenido por quienes adquieran cosas muebles o servicios de un monotributista en falta.
Por ejemplo, de $100 a cobrar, el pequeño contribuyente sólo recibirá 44 pesos.

Esto es así, ya que la reglamentación del nuevo castigo prevé que los pequeños contribuyentes incumplidores no "podrán obtener su constancia de inscripción fiscal". A esto se le suma que el pago a cuenta efectuado en IVA y Ganancias sólo podrá ser computado cuando dicho monotributista abandone el régimen simplificado e ingrese al régimen general con el consecuente aumento de la presión fiscal a soportar.

Más pagos a cuenta

Desde Tributum, Mario Goldman Rota, consultor tributario, explicó a iProfesional.com que el nuevo castigo alcanza a los monotributistas que facturan más de $72.000 al año.
"No hay que subestimarlo, pese a que alcanza a los monotributistas ubicados en las categorías más altas, ya que las sanciones parecerían ser las tradicionales, pero no lo son", advirtieron desde el sitio.

"Además de la multa prevista en la Ley de Procedimiento Tributario, que puede llegar a $45.000, el régimen establece expresamente que el contribuyente que no presente la información cuatrimestral requerida no podrá obtener su constancia de inscripción fiscal, operando así una suspensión de su condición frente a la AFIP", señalaron desde Tributum.

La suspensión les genera a los monotributistas los siguientes efectos:

Los clientes les aplicarán el régimen retención especial en IVA (21%) y Ganancias (35 por ciento).
Los proveedores les aplicarán el régimen de percepción en IVA.

Mayor información cuatrimestral

A través de la resolución general 2.888 -a la que se puede acceder haciendo clic aquí- cerca de 200 mil sujetos están obligados a informar cada cuatro meses, entre otros datos:

El total de ventas del cuatrimestre, con indicación de las facturas emitidas durante ese lapso.
Los montos de las compras efectuadas, con la identificación de los cinco principales proveedores y de los cinco clientes más importantes.
Si son propietarios o inquilinos del local explotado.
La CUIT del propietario, vigencia del contrato de locación y monto de los alquileres devengados, de corresponder.
La cantidad de energía consumida, CUIT del sujeto a cuyo nombre se emite la factura e identificación de la empresa proveedora de energía eléctrica.

Cuando se trate de profesionales adheridos al régimen simplificado, la nueva normativa exige informar el CUIT del consejo o colegio profesional en el que se encuentre matriculado y la fecha de matriculación o, en su defecto, la de expedición del título profesional.

En tanto, de tratarse de un transportista, el responsable deberá informar si es titular del vehículo o si lo alquila, el dominio y, además, los datos del seguro y número de la póliza contratada.

Complementariamente, el artículo tercero de la resolución 2.888, establece que los pequeños contribuyentes que reduzcan su facturación a menos de $72.000 anuales igualmente deberán seguir informando, durante dos años más, los datos referidos a la energía eléctrica consumida y a los alquileres cancelados durante tal período.

Marcelo Domínguez, coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), aseguró a este medio que "la AFIP busca evitar que los monotributistas, alcanzados por la nueva obligación, la evadan bajando de categoría". (Lea más: Monotributistas: la AFIP perseguirá por dos años a quienes bajen de categoría).

Recategorización de oficio

Complementariamente, las autoridades de la AFIP ya comenzaron a aplicar una nueva herramienta: la recategorización de oficio.
Más precisamente, la AFIP puede excluir a los pequeños contribuyentes que facturan o gastan en exceso.

Con relación a la facturación, quienes estén ubicados en las categorías más altas tienen que evaluar diariamente si no superan los límites de ingresos anuales establecidos en $200.000 para profesionales y $300.000 para el resto de las actividades.

En materia de gastos, el renovado Monotributo, que rige desde enero, deja afuera a los profesionales que gasten más de $6.666 mensuales.

Puntualmente, los prestadores de servicios que facturen entre $144.000 y $200.000 no pueden tener egresos anuales por más de $80.000. Este límite equivale al 40% de ingresos de la última categoría prevista en el nuevo esquema de tributación.

La mecánica de exclusión que se encuentra vigente indica que "cuando como consecuencia de los controles que se efectúen, la AFIP constate la existencia de alguna de las circunstancias que determinan la exclusión de pleno derecho del Monotributo, el inspector notificará al contribuyente de tal circunstancia y pondrá a su disposición los elementos que así lo acreditan".

"El responsable podrá, en el mismo acto o dentro de los 10 días posteriores a la notificación, presentar formalmente su descargo indicando los fundamentos y elementos que lo avalen", agrega la resolución.

De no ser suficientes los elementos aportados, el juez administrativo que interviene en la causa dictará la resolución declarando la exclusión y dándolo de alta de oficio en el régimen general. Esto implica, comenzar a pagar el Impuesto al valor Agregado (IVA) y Ganancias.

Asimismo, cuando los monotributistas no cumplan con la recategorización cuatrimestral, o la misma fuera inexacta, "el inspector notificará al contribuyente de tal circunstancia y pondrá a su disposición los elementos que así lo acrediten, indicándole la categoría que le corresponde, juntamente con la liquidación de la deuda en concepto de diferencias de impuesto más sus accesorios".

A su vez, le informará la sanción aplicable y que, si acepta la liquidación practicada y se recategoriza voluntariamente, quedará eximido de la misma.

El contribuyente también podrá, en el mismo acto o dentro de los 10 días posteriores a dicha notificación, presentar formalmente su descargo ante el juez.

De no ser suficientes las pruebas presentadas en el descargo, dicho juez administrativo dictará una resolución disponiendo la recategorización del pequeño contribuyente, indicando la fecha a partir de la cual operará la misma, los montos adeudados en concepto de impuesto y accesorios y la sanción aplicada.

Fuente: Iprofesional.com

24/11/2010

En su primer día de vigencia, se emitieron cheques cancelatorios por $750.000.-

2010-11-25T00:07:00.000-03:00

El BCRA dispuso que desde el próximo viernes todos los bancos estarán obligados a exhibir un afiche informativo sobre la nueva herramienta de pago. Esta fue dispuesta en el marco de la sanción de medidas tendientes a reducir la utilización de dinero en efectivo en el sistema financiero.

Durante el primer día de vigencia de los cheques cancelatorios se emitieron 11 de ellos por un monto global de $750.000, informó el Banco Central.

El nuevo intrumento fue generado en base a las regulaciones dispuestas recientemente por el BCRA para reducir el uso de dinero en efectivo.

La autoridad monetaria informó que "las operaciones se realizaron sin dificultades operativas, tanto en bancos públicos como privados".

Asimismo, el BCRA dispuso a través de su Com. 5146 que desde el próximo viernes 26 todos los bancos estarán obligados a exhibir un afiche informativo describiendo las características principales del cheque cancelatorio.

Los carteles deberán estar ubicados en el ingreso a las sucursales y en las oficinas en las que se realicen aperturas de cuentas, depósitos y pagos.

Una medida similar había sido adoptada por el BCRA en relación con el reciente lanzamiento de la Cuenta Gratuita Universal y la modificación de los costos de las transferencias bancarias.

Detalles

Según el BCRA, el cheque cancelatorio fue dispuesto "en el marco de la sanción de medidas tendientes a reducir la utilización de dinero en efectivo en el sistema financiero".

Asimismi, dijo la entidad, "constituye un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo, otorgando seguridad y eficacia tanto a quienes lo otorgan como a quienes lo reciben", se indicó a través de un comunicado.

La información agregó que "se trata de una herramienta gratuita, ya que en ningún caso los bancos podrán cobrar un costo adicional por su utilización".

A continuación, los puntos clave de la iniciativa:

Otros detalles

Tanto las entidades financieras como el público podrán realizar verificaciones online acerca de la legitimidad de los cheques cancelatorios, mediante un sistema de consultas que se habilitará en la página web del BCRA.

La entidad librará el cheque por el valor que solicite el cliente, dentro de un rango que va de $5.000 a u$s400.000, o de u$s2.500 a 100.000 dólares.

En caso de que el cliente necesite pagar un monto superior, podrá pedirle a la entidad que libre más de un cheque hasta cubrir el total, aclaró el Banco Central.
Las personas físicas podrán comprar un cheque cancelatorio en pesos mediante un débito en su cuenta, y si el instrumento es en dólares, podrán hacerlo a través de un débito o entregando los billetes.

Las personas jurídicas, en cambio, sólo podrán comprar cheques cancelatorios emitidos en dólares mediante el débito en cuenta.

Las personas físicas podrán cobrarlos en efectivo o bien depositarlos en su cuenta, pero las personas jurídicas sólo tendrán esta última opción.

Fuente: Iprofesional.com
24/11/2010

Operativo "seducción": qué rebajas de impuestos se ofrecen en el país para conquistar a empresarios

2010-11-23T23:08:00.000-03:00

A la hora de reducir la carga fiscal, cada jurisdicción presenta un atractivo menú de opciones, que van desde exenciones hasta reducciones tributarias. En este contexto, resulta clave conocer cómo es el "mapa de incentivos fiscales" que presenta la Argentina. Los detalles, en esta investigación.

Las inversiones ocupan un rol destacado como motor del crecimiento de la economía de un país. Es por ello que los gobiernos apelan a distintos recursos para tentar a los inversores y atraer capitales. Entre ellos, se destacan las políticas fiscales.

Recientemente, en el marco de la Cumbre del G-20 realizada en Seúl, Corea, la presidenta Cristina Kirchner instó al empresariado internacional a apostar por la Argentina, al tiempo que defendió el modelo económico.

Sucede que, para decidir instalarse en un país, las compañías evalúan la conveniencia de hacerlo en función del escenario económico-financiero, la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la rentabilidad que podrían obtener, la potencialidad del mercado que pretenden conquistar y, entre otros aspectos, los incentivos fiscales a los cuales pueden acceder.

Este último aspecto resulta relevante porque permite reducir la carga impositiva que recae, en general, sobre las empresas.

Y no es menor si se tiene en cuenta que la presión fiscal, según datos del Ministerio de Economía, se encuentra en el orden del 27%, sin incluir tributos municipales y provinciales.

Es por ello que beneficios tales como la devolución anticipada y hasta exenciones en el IVA, la amortización acelerada de bienes en Ganancias, la obtención de bonos de crédito fiscal, la exclusión de bienes industriales en Ganancia Mínima Presunta, entre otros -dependiendo de cada régimen- constituyen importantes herramientas para seducir a los empresarios a que elijan por este país.

Samsung, Nokia, Colorin-IMSSA, LG, Mercadolibre.com, Icona San Luis, NEC Argentina, SER Beef (Italia), Indra (España), Tata (India), son algunos ejemplos de las empresas que ya aprovechan los incentivos fiscales vigentes, a nivel nacional, provincial y/o municipal.

En este escenario, iProfesional.com realizó un relevamiento de datos que dio como resultado el mapa de beneficios fiscales vigente. Expertos y organismos, consultados por este medio, explican a continuación dónde conviene instalar una empresa para aprovechar las ventajas fiscales y afrontar, así, una menor carga impositiva.

Los incentivos a nivel nacional

La Secretaría de Industria y Comercio ha venido impulsando, hace algunos años, distintos regímenes de beneficios tributarios con el propósito de impulsar la actividad productiva.
En este sentido, un claro ejemplo es el de la Ley de Promoción de Bienes de Capital y Obras de Infraestructura (LPI).
Según informaron desde la Secretaría de Industria a iProfesional.com, "ya se otorgaron $95 millones en beneficios fiscales para 37 pequeñas y medianas empresas que presentaron proyectos de inversión en el marco de la LPI por $1.050 millones".

Por otra parte, desde Abeceb.com indicaron que el régimen "cuenta con interesantes beneficios que incluyen la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los bienes incluidos en el proyecto o la amortización acelerada de los mismos en el Impuesto a las Ganancias".

También se encuentra vigente el Régimen de Incentivo Nacional, que beneficia a los fabricantes de bienes de capital, con la entrega de bonos de crédito fiscal, que pueden utilizarse para el pago de cualquier impuesto nacional.

"Quienes fabriquen bienes de capital pueden acceder a estos bonos por un valor equivalente al 14% del precio de venta del equipo", informaron desde el organismo nacional.

Fuentes consultadas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Industria, precisaron que existen ventajas fiscales que no sólo benefician a las grandes empresas y que incluyen a los productores de menor envergadura.
Así, indicaron que "quienes utilicen el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación de su personal recibirán un certificado de crédito fiscal de hasta el 100% de los gastos que la empresa afronte con este fin".

De este modo, por ejemplo, quienes gasten $1.000 en un curso para formar a sus empleados, recibirán un bono por el mismo valor que podrán utilizar para el pago de impuestos nacionales.
"En los últimos seis meses, en el marco de este programa, se capacitó a 80.000 mil operarios y empresarios de 2.000 Pyme de todo el país que realizaron cursos en universidades públicas y privadas o en sus propias empresas", afirmaron desde el organismo.

También destacaron el programa "Empresas Madrinas" en el que las grandes compañías colaboran con las pequeñas, haciendo aportes de capital, para que éstas puedan desarrollarse.

Reciben a cambio un bono de crédito fiscal por el 50% del monto aportado.
Consultado por este medio, Mario Buedo, socio del estudio Montero y Asociados, precisó que también se encuentra vigente un régimen especial para aquellos que decidan destinar capitales a la producción de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables.
Así, el especialista indicó que "la Ley 26.190, incluye beneficios por un período de diez años tanto para las empresas como para las personas físicas que sean titulares de inversiones y concesionarios de obras nuevas destinadas a ese tipo de producción".

Entre las ventajas impositivas mencionadas por el experto, se encuentran:

• Devolución anticipada de IVA, correspondiente a los bienes incluidos en el proyecto.

• Amortización acelerada de los mismos en Ganancias.

Por otra parte, la agencia de información parlamentaria FOIA, confirmó que el Congreso tiene en estudio un proyecto modificatorio de la Ley de incentivos a la producción de software, que originariamente tenía fecha de caducidad en 2014, de modo tal de extender su plazo hasta el 2019.

De aprobarse la reforma, quienes produzcan software, contarán hasta el 2019 con los beneficios fiscales que se destacan a continuación:

• Estabilidad fiscal para las empresas: durante este período, los productores no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional.

• Convertir en bono de crédito fiscal hasta el 70% de las contribuciones patronales efectivamente pagadas sobre la nómina salarial: podrá ser utilizado para impuestos nacionales, menos para el Impuesto a las Ganancias.

• Desgravar el 60% del Impuesto a las Ganancias determinado en cada período.

Tierra del Fuego y San Luis, dos casos emblemáticos
Más allá de los beneficios tributarios que se ofrecen a nivel nacional, las provincias también impulsan distintos regímenes que buscan alentar el desarrollo de ciertas actividades, como así también el empleo.
Horacio Leyenda, Coordinador de Promoción y Difusión de Desarrollo de Tierra del Fuego, explicó cuáles son los beneficios que la provincia más austral del país ofrece en la actualidad.
En este sentido, destacó que "el área aduanera especial provincial incluye la exención del pago de IVA y Ganancias".
Y agregó que está eximida del pago de todo derecho aduanero que recae sobre la importación de bienes.
Las empresas que ya cuentan con tales ventajas, entre otras, son Samsung, Nokia, Motorola y LG, que firmaron acuerdos con compañías locales para la fabricación de teléfonos móviles de media y alta gama.
En el caso de San Luis, Héctor Fernández, Jefe de Programa de Generación y Fomentos de Recursos Económicos de esa provincia, precisó que en la actualidad funcionan dos programas:

• Ley 501: incluye la exención del 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para industrias.

• Ley 664: otorga exenciones de todos los impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor) por 15 años para quienes presenten proyectos de diversa naturaleza. Tal exención será para los primeros 5 años del 100%, del 50% para los 5 siguientes y 25% para los últimos 5 años.

En tanto, en el denominado Parque Informático La Punta, empresas como Mercado Libre y la española Indra ya gozan de los amplios beneficios fiscales que ofrece la provincia puntana.

Radiografía de las ventajas impositivas en el resto del país

Rodolfo Canese Méndez, partner del área de Tax de KPMG, describió los beneficios que brindan el resto de las jurisdicciones: - Buenos Aires: además de tener un importante parque industrial, la provincia otorga exenciones en impuestos provinciales y beneficios sobre tasas y derechos municipales por 10 años en caso de adherir al Plan de Desarrollo Industrial. Asimismo, es una de las que adhirió a la Ley de Software y contará con las ventajas que la norma establece.

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la creación del Distrito Tecnológico de Parque Patricios tiene por objeto posicionar a la Ciudad como la capital latinoamericana de la tecnología. A tal efecto, se exime, a quienes se instalen allí, del pago de Ingresos Brutos, sellos y ABL por 10 años. Adicionalmente, las empresas tendrán la posibilidad de diferir impuestos para ser invertidos en obras, y contarán con incentivos fiscales en materia de derechos de alineación y construcciones. Una de las firmas que ya aprovechan estos beneficios es la india TATA, que es una de las grandes productoras de software a nivel mundial.

- Córdoba: los Departamentos Norte y Oeste otorgan $150 mensuales por cada empleado nuevo que se contrate durante los 3 primeros años de actividad y subsidian el 50% de los consumos eléctricos realizados en el mismo período. Asimismo, se exime a las empresas durante 20 años, en todos los impuestos provinciales (Inmobiliario Urbano y Rural, Propiedad Automotor, Sellos e Ingresos Brutos). Empresas como Intel, Motorola y EDS (adquirida recientemente por Hewlett Packard) ya disfrutan de todos estas ventajas.
- Santa Fe: presenta beneficios para las empresas que desarrollen una actividad industrial que incluyen la exención, reducción o diferimiento en los impuestos sobre vehículos, inmuebles, Ingresos Brutos, Sellos y tasas retributivas de servicios y aportes patronales. También se ofrecen los mismos incentivos a las empresas que se radiquen o las que ya están instaladas en el territorio provincial, en la medida que amplíen su capacidad productiva.

- Misiones: eximen del pago de los impuestos Inmobiliario y Sellos a las industrias que se instalen en el Parque Industrial de la Provincia. Para el caso de Ingresos Brutos, se brinda una exención gradual durante 10 años, que va del 100% durante los tres primeros años y culmina con un 10% durante el último.
- Entre Ríos: en este caso se otorgan exenciones en el Impuesto Automotor (para vehículos utilizados en la actividad), y en el Impuesto Inmobiliario y Sellos. Por último, se exime del pago de Ingresos Brutos a la venta mayorista.

- San Juan: la actividad industrial se encuentra exenta del pago Ingresos Brutos, al igual que las actividades de producción primaria, y el transporte internacional de cargas efectuadas por contribuyentes radicados en la provincia. Rigen tratamientos especiales para otras actividades como la minera.

- Salta: a las exenciones que ofrece la provincia a las firmas instaladas en parques industriales, se suman ventajas fiscales para las actividades mineras y ganaderas, que incluyen la eliminación del pago del Impuesto Inmobiliario Rural, Actividades económicas y Sellos.

- Río Negro: esta provincia incluye la exención o reducción de los impuestos provinciales y también tarifas especiales para la difusión publicitaria por medio de la red provincial oficial de radio y televisión, por un plazo no mayor a 10 años.

- La Pampa: exención impositiva por un lapso de hasta 15 años para emprendimientos nuevos y hasta 7 años para aquellos que estén en marcha (la extensión del beneficio depende de la ubicación del proyecto). La exención puede abarcar a todos o algunos de los siguientes gravámenes: Ingresos Brutos, Inmobiliario, Sellos, Impuesto a los Vehículos de Carga y Utilitarios.

- Santiago del Estero: sin dudas, el caso de esta provincia es uno de los más tentadores en cuanto a beneficios para invertir, ya que su combo incluye devoluciones de hasta el 30% del desembolso, facilidades para la compra de bienes muebles e inmuebles del estado provincial, asesoramiento, subsidios de tasas de interés por líneas crediticias. Dentro de las ventajas impositivas, se pueden encontrar la exención de tributos provinciales por un plazo de hasta 10 años y el reintegro de hasta el 50% (crédito fiscal) para quienes inviertan en caminos, redes eléctricas, provisión de agua, desagües y otras obras de infraestructura y que redunden en beneficio del bien común.

- Chubut: se encuentra vigente la Ley 5.460 que exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Sellos sólo durante la ejecución de algún proyecto de inversión (ya sea nuevo o existente).

- Chaco: exención de Ingresos Brutos y de todo impuesto provincial que grave actos inherentes a suscripción o aumento del capital social, constitución, transformación o fusión, actos en el Registro Público de Comercio u otros organismos oficiales. También se exceptúa el pago de la tramitación de escrituras, trasferencias de dominio o inscripciones de los inmuebles afectados.
- Corrientes: las promociones de esta provincia giran en torno a la actividad forestal. Así, exime del Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos y Sellos a todo emprendimiento relacionado con esta industria. La provincia también adhirió al régimen de promoción de inversiones de bienes de capital, por lo que las compras de éstos cuentan con la amortización acelerada para Ganancias y la devolución del IVA.

- Neuquén: cuenta con exención de impuestos provinciales, de gravámenes sobre la constitución o inscripción de sociedades como así también exceptúa del pago de sellos y/o tasas provinciales, patentes y contribuciones. Los plazos, montos y porcentajes de quita dependerán del tipo de convenio establecido.

- Catamarca: esta provincia incluye interesantes ventajas como la de eximir del impuesto a los Ingresos Brutos hasta 10 años por el 100%, como así también del Impuesto Inmobiliario y Automotor por 5 años. Adicionalmente, existe un interesante régimen de promoción de desarrollo turístico que incluye certificado de crédito fiscal contra tributos provinciales del 75% al 100%.

Parques industriales: una alternativa tentadora para instalarse

Desde el Ministerio de Industria precisaron a iProfesional.com que existen diversos Parques Industriales (PI) ubicados en todo el país que tienen por objeto lograr la industrialización de los recursos naturales de las regiones menos desarrolladas.

De acuerdo con los datos estadísticos, aportados por el organismo, existen cerca de 300 parques industriales instalados en la Argentina.
Sin embargo, sólo cinco provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza) acaparan aproximadamente el 75% de los emprendimientos.

Al respecto, Débora Giorgi señaló que "desde 2003 a la fecha se han agregado al entramado productivo nacional 200 sectores industriales planificados, que recibieron a 5.500 Pyme y generaron 160.000 puestos de trabajo".
Si bien se caracterizan por contar con beneficios crediticios importantes también se destacaron porque quienes allí se instalan aprovechan los beneficios fiscales que recaen sobre ciertas actividades y localizaciones geográficas.

Tal es el caso del Parque Industrial de Campana, donde las firmas instaladas gozan por diez años de la exención en el pago de Ingresos Brutos e Inmobiliario.

Fuente: Iprofesional.com

23/11/2010

Aumentó 23% el salario de las empleadas domésticas .

2010-11-19T22:23:00.000-03:00

Lo dispuso el Ejecutivo mediante la Resolución 1297, publicada hoy en el Boletín Oficial. Es el primer aumento que se establece desde 2009. La nueva tabla de valores se fija a partir del 12 de noviembre de 2010.

El gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial la nueva tabla de salarios para las empleadas domésticas y, según se determinó, el aumento representa un 23% del sueldo.

Según la Resolución 1297, se fija "a partir del 12 de noviembre de 2010 para el Personal de Trabajo Doméstico comprendido en las categorías laborales establecidas por el Decreto Nº 7979/56, Reglamentario del Decreto Ley del Servicio Doméstico, las remuneraciones mensuales mínimas que se establecen en el Anexo que forma parte integrante de la presente".

Remuneraciones a partir de noviembre de 2010

Primera categoría:(Personal con retiro 8 hs.) (Institutrices, preceptores, gobernantas, amas de llaves, mayordomos, damas de compañía y nurses) (Personal sin retiro) $2.037,77.
(Institutrices, preceptores, gobernantas, amas de llaves, mayordomos, damas de compañía y nurses) $2.271,44.

Segunda categoría:
(Personal con retiro 8 hs.) (cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, niñeras especializadas, valets y porteros de casas particulares) $1.891,17.

(Personal sin retiro) (cocineros/as especializados, mucamos/as especializados, niñeras especializadas, valets y porteros de casas particulares) $2.107,43.

Tercera categoría:
(cocinero/ra, mucamos/as, niñeras en general auxiliares para todo trabajo, 4 ayudantes/as, caseros y jardineras) $1.847,63.

Cuarta categoría:(aprendices en general de 16 a 17 años de edad) $ 1657,50.

Quinta categoría:(personal con retiro que trabaja diariamente).
- 8 horas diarias $1.657,50.
- por hora $12,63.
Por una labor máxima de 4 horas de trabajo diarias $828,75.
“Hora de excedencia” $12,55.

Fuente: Infobae.com

19/11/2010

Cómo son los nuevos cheques para evitar salideras bancarias.

2010-11-19T22:16:00.000-03:00

El documento entrará en vigencia a partir del martes y estará disponible en todos los bancos. Permitirá reducir el uso de efectivo y mejorar la seguridad en las transacciones financieras.

En el marco de las medidas tendientes a reducir el uso de efectivo para evitar salideras bancarias, las entidades financieras de todo el país deberán ofrecer a partir del próximo martes ese instrumento, que actuará como un medio de pago asimilable al dinero.

El cheque cancelatorio, instrumentado por el Banco Central mediante su comunicación A 5130, constituye un medio de pago equivalente a la entrega de dinero en efectivo, otorgando seguridad y eficacia tanto a quienes lo otorgan como a quienes lo reciben.

Se trata de una herramienta gratuita, ya que en ningún caso los bancos podrán cobrar un costo adicional por su utilización. Podrán ser librados en pesos o en dólares y utilizarse exclusivamente para cancelar operaciones de compraventa de inmuebles.

Tanto las entidades financieras como el público podrán realizar verificaciones online acerca de la legitimidad de los cheques cancelatorios, mediante un sistema de consultas que se habilitará en la página web del BCRA.

Quien desee comprar un cheque cancelatorio deberá hacerlo en la entidad financiera en la cual tenga una cuenta y firma registrada. La entidad librará el cheque cancelatorio por el valor que solicite el cliente, dentro de un rango que va de 5.000 a 400.000 o de 2.500 a 100.000 dólares.

En caso de que el cliente necesite pagar un monto superior, podrá pedirle a la entidad que libre más de un cheque hasta cubrir el total. Las personas físicas podrán comprar un cheque cancelatorio en pesos mediante un débito en su cuenta.

Si el instrumento es en dólares, podrán hacerlo tanto a través de un débito como entregando dólares billetes. Las personas jurídicas, en cambio, sólo podrán comprar cheques cancelatorios emitidos en dólares y utilizando el débito en cuenta.

Quien desee cobrar un cheque cancelatorio también deberá hacerlo en la entidad financiera en la cual tenga cuenta y firma registrada. Las personas físicas podrán cobrarlos en efectivo o bien depositarlos en su cuenta.
Las personas jurídicas, en cambio, sólo tendrán esta última opción. Asimismo, el cheque cancelatorio podrá ser endosado hasta dos veces, siempre que el primer beneficiario sea una persona física.

Los endosos deberán realizarse en el dorso del documento frente a un escribano, funcionario de la entidad financiera o autoridad judicial, quienes certificarán la firma.

Fuente: Iprofesional.com
19/11/2010

Vendedores por Internet deberán pagar IVA.

2010-11-19T12:59:00.000-03:00

Las páginas de ventas por Internet pasarán a ser agentes de recaudación de la AFIP, debido a que el organismo pondrá en vigencia a partir del 1º de mayo próximo un régimen de percepción de IVA que afectará a los vendedores online. Además, los portales deberán cobrar las comisiones a los oferentes mediante la factura electrónica.

Para sufrir la percepción, el que vende a través de un portal de internet deberá ser habitualista, concepto que está en fase de análisis dentro de la AFIP para concretar un monto de ventas por mes y un volumen de ventas. El fisco evalúa, en tal sentido, fijar un piso de 10 operaciones mensuales.

“No queremos entorpecer el mercado, pero sí dar transparencia al comercio electrónico y favorecer la competencia leal entre los propios vendedores de los portales”, dijeron fuentes de la AFIP.

La alícuota será diferente según el perfil del vendedor. Si su situación fiscal es de transparencia la tasa será menor y para quienes no están inscriptos, o lo están como monotributistas pero en fraude a la ley, será superior. Trascendió que el rango iría de 3% a entre 8% y 10%, aunque no estará definido hasta la semana próxima.

La mira de la AFIP estará puesta no sólo en aquellos vendedores por internet respecto de los cuales no hay registros comerciales ni fiscales sino especialmente en los que facturan como monotributistas. Fuentes del organismo pusieron como ejemplo de enanismo en la web a los supuestos pequeños contribuyentes que han emitido facturas unitarias superiores al tope de $ 2.500 que fija la ley, que sería el caso de muchas cámaras fotográficas y filmadoras, entre otros productos.

La comisión del vendedor va a ser incluida en la factura electrónica que emitirá el portal. Si un oferente vende $ 10.000, por la comisión –que es del 5%– la página cobra $ 500. Pero con la percepción, el monto facturado subirá a $ 800 o $ 1.500.

En la AFIP afirmaron que “no aumentará el precio para el consumidor, porque entendieron que no es un costo, sino un adelanto, ya que el vendedor podrá descontar el monto de su declaración jurada mensual de IVA, si bien los monotributistas no tienen esta posibilidad.

Las fuentes de la AFIP indicaron que si se comparan los niveles de ventas a través de páginas de internet informados por consultores especializados y las base de datos del organismo sobre comisiones cobradas por los portales, aparece una diferencia de ventas no declaradas por $ 2.000 millones anuales.

En tal sentido, el mercado del comercio electrónico movió alrededor de $ 5.240 millones en 2009 y se estima que este año llegará a $ 6.500 millones, según un estudio de la consultora Prince & Cooke para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Las principales empresas sobre las que basa su análisis son MercadoLibre, CMD y Clarín Global, en un primer escalón por su tamaño, y Anuntis Segunda Mano Argentina, Que Barato, OLX, De Motores, De Autos y Star Cafe Digital, en el que sigue a continuación, entre un total de unos 20 portales identificados por la AFIP en el país.

Otro paso en el que la AFIP evalúa avanzar en un futuro es en pedir un certificado fiscal de transparencia para quienes venden en forma habitual a través de Internet. Se le pediría a los portales que creen un ícono para hacer saber a los compradores la situación frente al fisco del vendedor. Esto no podría ser una medida obligatoria, indicaron en el organismo.

“Es importante remarcar que esta modificación no afecta en nada a los consumidores de este servicio”, afirmó Echegaray, pese a que se teme que los pequeños vendedores migren a servidores del exterior.

Fuente: (El Cronista)

11/11/2010

Lavado: admitió el Gobierno un cortocircuito con Estados Unidos.

2010-11-09T17:09:00.000-03:00

JOSE SBATTELLA
Jefe de la Unidad Antilavado

Se intenta restablecer la comunicación; Washington objetó la filtración de datos.

El Gobierno admitió que el canal de información confidencial con Estados Unidos sobre operaciones financieras se encuentra interrumpido desde mediados de 2009, cuando Washington suspendió el intercambio ante la sospecha de que los datos que enviaba a Buenos Aires eran usados por la Casa Rosada para fines políticos.

"Hay un problema con el intercambio de información", reconoció el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) local, José Sbattella, quien sin embargo buscó desligar al Gobierno del contrapunto. Afirmó que la "filtración", como la calificó, pudo haber ocurrido dentro del Poder Judicial o entre los fiscales que manejaron el caso que disparó el entredicho, centrado en el empresario y dirigente opositor Francisco de Narváez, que ayer cargó contra la Casa Rosada.

"El kirchnerismo persigue políticamente a sus adversarios y para hacerlo usa la estructura del Estado y fondos públicos; me persiguen por mis ideas", planteó el diputado del PJ Federal, que durante la campaña electoral de 2009 intercambió acusaciones y denuncias penales con funcionarios, en particular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Sbattella destacó, no obstante, que el Gobierno se encuentra "trabajando" para restablecer el intercambio de datos sobre operaciones sospechosas de lavado de activos correspondientes a personas y empresas privadas. Ese intercambio está suspendido desde entonces, según informó LA NACION ayer sobre la base de testimonios de cuatro calificadas fuentes argentinas y norteamericanas.

El cortocircuito con la unidad antilavado que depende del Departamento del Tesoro, llamada Red de Combate de Crímenes Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), se desencadenó poco después de que la información confidencial que le había solicitado la UIF se publicara en el diario Página 12 , afín a la Casa Rosada. El artículo, titulado "Los negocios del patán", apareció el domingo posterior a las elecciones de junio del año pasado, con detalles sobre los supuestos reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los bancos JP Morgan, Chase y Citibank habrían enviado a la Fincen sobre De Narváez.

La Fincen ordenó entonces el inmediato corte del canal de comunicación. Para eso, dio por terminado el "Memorando de entendimiento" con la UIF local. Desde entonces, el flujo de información se encuentra interrumpido, a pesar de los múltiples esfuerzos de las autoridades argentinas, que explicitó en reuniones en Washington y Buenos Aires.

Sbattella detalló que ese cortocircuito se originó a partir del incumplimiento de la regla de confidencialidad que impone el llamado Grupo Egmont -foro que regula este tipo de intercambio entre las unidades antilavado alrededor del mundo-. Exige, además, que "no se usen los datos en términos políticos si ellos no autorizan", según reconoció el titular de la UIF.

El funcionario afirmó, sin embargo, que ignoraba cómo ocurrió la "filtración", como la definió, que adjudicó a la gestión anterior al frente de la UIF, encabezada por la contadora Rosa Falduto -quien continúa dentro de la órbita del Gobierno-, o incluso a funcionarios del Poder Judicial o el Ministerio Público que manejaron luego esa información sensible.

Esa "filtración", remarcó Sbattella, "puede pasar en cualquier tramo del proceso. No puedo cargar las culpas a los componentes del sistema, pero una vez que pasa a la Justicia, al Ministerio Público, se pierde el control del expediente", argumentó, en alusión al legajo con información confidencial solicitado a la Fincen y que la UIF complementó en un legajo, también secreto, con su propios datos.

La salida apresurada de Falduto a principios de este año y su reemplazo por Sbattella no lograron mejorar la relación con las autoridades de la Fincen, aun cuando se concretaron reuniones en Washington y en Buenos Aires en las que funcionarios de los dos países evaluaron esa posibilidad.

"Una victimización"

"¿Quién manda en el sistema antilavado argentino? ¿Usted?", llegaron a sondear los funcionarios estadounidenses ante Sbattella, quien detalló las nuevas medidas de seguridad que instrumentó en las oficinas de la UIF y ofreció obligar a jueces y fiscales que firmen un "compromiso de confidencialidad" cuando reciban este tipo de información en el futuro.

La Fincen optó, sin embargo, por mantener en suspenso la colaboración. De manera formal, argumentó que deseaba conocer la evaluación que el GAFI difundió ayer, mientras negociaba la firma de un nuevo "memorando de entendimiento". Pero por canales extraoficiales dejaron trascender su malestar y sus temores acerca de las "motivaciones políticas" que vislumbran dentro de la UIF, según reconstruyó LA NACION de fuentes de ese país.

La ruptura de ese canal de comunicación vedó a las autoridades locales de obtener información privilegiada para avanzar en sus investigaciones sobre lavado de activos o financiación del terrorismo. Entre otras, sobre eventuales operaciones sospechosas en la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.

La decisión unilateral de la Fincen llevó a una situación peculiar: la UIF sigue enviando reportes sobre posibles operaciones sospechosas a su contraparte de Washington, cuya reciprocidad se mide "con cuentagotas", según relató a LA NACION un funcionario argentino al tanto de lo que ocurre dentro de la unidad. "Lo de De Narváez fue un error que nos «excomulgó»", admitió.

El equipo que rodea a Sbattella dentro de la UIF considera injusto, sin embargo, que el flujo continúe interrumpido, según indicaron ayer dos de sus allegados a LA NACION. Tanto porque responsabilizan a la gestión de Falduto o a terceros ajenos a la unidad de esa "filtración" como porque la difusión pública del contrapunto con Estados Unidos "victimiza" a De Narváez y, apuntan, "politiza" todavía más la labor del organismo antilavado.

LA OPOSICION QUIERE APURAR LAS REFORMAS

Por impulso del diputado nacional Gustavo Ferrari, mano derecha de Francisco de Narváez, la oposición en la Cámara de Diputados intentará apurar el tratamiento de los proyectos tendientes a reformar la Unidad de Información Financiera (UIF). Autor de una de las tres iniciativas para reformar el organismo, Ferrari conversó con el presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica), para incluir el tema en la próxima reunión de la comisión. En tanto, el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), presidente de la Comisión de Legislación Penal, piensa crear una subcomisión especial para debatirlo.

DIXIT

"Hay un problema con el intercambio de información porque el Grupo Egmont pide confidencialidad"

Fuente:

La Nación

Hugo Alconada Mon

09/11/2010

La ANSES explica nuevas pautas para que autónomos y monotributistas se jubilen.

2010-11-09T00:06:00.000-03:00

El organismo lanzó un instructivo en donde detalla los nuevos pasos a seguir desde que el trabajador, o sus herederos, solicitan el beneficio previsional hasta su obtención o denegatoria. Conozca las claves del nuevo marco legal que potencia los controles vigentes.

Con la mira puesta en reforzar el control, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó un instructivo online en donde explica los nuevos pasos que deberán seguir los trabajadores autónomos y monotributistas para gestionar su jubilación.

La guía web -a la que puede accederse haciendo clic aquí- detalla las pautas a tener en cuenta, desde la solicitud del beneficio previsional hasta el momento de su obtención o denegatoria.

El objetivo principal del nuevo marco normativo apunta a determinar la real prestación de los servicios, para establecer el derecho a acceder al haber jubilatorio que contempla el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Daniel Pérez, titular del estudio que lleva su nombre, aseguró oportunamente que la ANSES "actualizó toda la serie de procedimientos -algunos muy complejos- que implican la validación de toda la información necesaria para acreditar las formalidades que hacen a la obtención de los beneficios jubilatorios, en el caso de trabajadores autónomos y monotributistas".

Los mismos deben ser solicitados por el trabajador, o por sus herederos, en caso de fallecimiento.

Juan Carlos Cerutti y Gustavo Gabriel Unamuno, socios del estudio Cerutti & Andino y asociados, precisaron que "los cambios apuntan a evitar que los autónomos o sus derechohabientes inicien el trámite sin acreditar los servicios concretos".

"En ese sentido, las normas que en forma esporádica hacían más fáciles la obtención del haber jubilatorio, como el régimen llamado de amas de casa, ya no tendrán efecto ni posibilidades de aplicarse porque habrá que acreditar los años trabajados en forma concreta", agregaron los expertos.

"Entendemos que es una norma lógica, que se enmarca en el sistema de solidaridad en el que no es posible que unos se jubilen utilizando los aportes de otros y que, en definitiva, el sistema carezca de una base recaudatoria cierta", aseguraron Cerutti y Unamuno.

Mayor control para los trabajadores en actividad

En lo que respecta a los trabajadores que se encuentran en actividad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también decidió reforzar el control que recae sobre ellos.

El mayor seguimiento se traduce en la implementación de la nueva versión del Sistema de Cálculo de las Obligaciones de la Seguridad Social (SICOSS), que permite que los empleadores declaren a sus dependientes a través de la web del organismo.
La medida comprende a más de 550.000 empleadores y 7.200.000 trabajadores registrados en relación de dependencia, obligados a aportar al SIPA. Para descargar el nuevo software, haga clic aquí.

La puesta en marcha del nuevo software constituye el primer paso en la confección de un nuevo registro online de empleados, que se convertirá en una sola base de datos digital para consultas del Ministerio de Trabajo, la ANSES y otros organismos que demanden información declarada por las empresas.

La estrategia fiscal se completa con la implementación de las polémicas presunciones laborales. Las herramientas legisladas por la Ley Antievasión II permitien determinar la cantidad mínima de dependientes con los que debería contar una compañía para realizar su actividad.

En efecto, a través de la cuestionada norma, se ampliaron las facultades de la AFIP a fin de que pueda determinar de oficio las deudas de la seguridad social, en aquellos casos en que los contribuyentes no hubieran presentado declaraciones juradas o resultasen impugnables por no representar la realidad constatada.

Para la determinación de las deudas antes mencionadas, el marco legal faculta al fisco nacional a valerse de presunciones previsionales pudiendo tomar como referencia:

El consumo de gas, de energía eléctrica u otros servicios públicos.
La adquisición de materias primas.
El monto de los servicios de transporte utilizados.
El valor del total del activo propio o ajeno.
El tipo de obra ejecutada.
La superficie explotada y el nivel de tecnificación.
El tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad.

La propia ley dispone que tales indicios son meramente enunciativos y que su empleo debe realizarse en forma razonable y uniforme.

Fuente: Iprofesional.com

08/11/2010

Los portales de comercio electrónico comenzarán a retener IVA y Ganancias.

2010-11-06T12:57:00.000-03:00

Los portales de comercio electrónico comenzarán a retener IVA y Ganancias.

Los vendedores estarán alcanzados por la percepción en caso de ser responsables inscriptos, o si no acreditan su calidad de exentos o no alcanzados.

El Gobierno lanzó una nueva herramienta impositiva para reducir la evasión de las ventas realizadas a través de Internet, un negocio de unos $720 millones, tras detectar que el 33% de los contribuyentes que utilizan esta plataforma poseen una inadecuada conducta fiscal.

El nuevo sistema de control fue puesto en marcha este jueves por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray, según se informó en un comunicado oficial.

Con el nuevo "Régimen Especial de Ingreso de IVA", los portales que ofrezcan el servicio de intermediación en el comercio electrónico pasarán a ser agentes de percepción del impuesto beneficiando a aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

"Es importante remarcar que esta herramienta no afecta en nada a los consumidores de este servicio", aclaró Echegaray y luego explicó que la medida permitirá a la AFIP contar con la información actualizada de los operadores.

Ahora, el ente recaudador podrá saber en detalle las transacciones realizadas y luego cruzar los datos de las comisiones cobradas por los portales con las ventas declaradas por los vendedores de los productos.

"De acuerdo a información que posee la AFIP, un 8% de los contribuyentes que realizan operaciones comerciales de manera habitual no están inscriptos ante el fisco", agregó el funcionario.

"En esta era de globalización e informatización, el Estado debe promover mecanismos acorde a las nuevas formas de comercialización", sintetizó Echegaray.

La nueva herramienta bajo la lupa

Estimó también que las ventas concretadas a través de los portales que ofrecen el servicio intermediación en el comercio electrónico alcanzarán los $720 millones en 2010.
La herramienta, reglamentada a través de la resolución general 2.955 y que empezará a regir a partir 1 de enero de 2011, incluirá sólo a los portales que ofrezcan el servicio de intermediación en el comercio electrónico.

Los vendedores -que utilizan la plataforma para comercializar sus productos- estarán alcanzados por la percepción en caso de ser responsables inscriptos ante el IVA, o si no acreditan su calidad de exentos o no alcanzados frente al tributo.

La medida contiene un aspecto sustancial: la alícuota de percepción a aplicar dependerá de la situación fiscal del vendedor. Si la conducta del contribuyente que ofrece el bien o servicio no presenta inconsistencias ante la AFIP, la percepción será sólo del 1% sobre el monto de la operación.

En caso de presentar observaciones, será del 3%, indicó la AFIP. Mientras que si el vendedor no es un sujeto inscripto ante el fisco, la percepción será del 5 por ciento.

Los contribuyentes adheridos al Monotributo no resultan sujetos pasibles de percepción, excepto cuando se verifique que se utilizó al Régimen Simplificado para ocultar la verdadera capacidad contributiva.

Fuente: Iprofesional.com

06/11/2010

El Congreso se apresta a darle un golpe letal al actual sistema de tercerización

2010-11-04T11:33:00.000-03:00

La iniciativa apoyada por Héctor Recalde ya tiene dictamen de Comisión y avanza hacia el recinto. De convertirse en ley, las contratantes deberán extremar los controles por las obligaciones de los contratistas respecto de trabajadores y organismos previsionales para no ser condenadas solidariamente.

El régimen de tercerización parece estar cada vez más cerca de llegar a su fin. Al menos, tal como fue concebido hasta ahora.

El conflicto de los ferroviarios, que culminara con la muerte de una persona, aceleró las cosas. Y por detrás de éste, comenzaron a "detonarse" una catarata de protestas tendientes a poner fin a un mecanismo contractual que evidencia las inequidades propias de una modalidad de trabajo que ahora está en la mira de los propios legisladores.
Sucede que la situación, además de ser crítica, se repite en distintas compañías de diferentes rubros. Tal es el caso de Techint y su "casi permanente" problemática con el sindicato de los camioneros. O bien el de los trabajadores de call centers, sin olvidar lo que acontece con el personal bancario o quienes son contratados, de esa forma, en el gremio de la construcción, sólo por citar algunos ejemplos.

A ello se suma que, en el ámbito judicial, abundan los reclamos laborales que apuntan directamente a la responsabilidad solidaria que tienen las empresas principales, en casos de incumplimiento contractual de las compañías subcontratadas.

En este escenario, la preocupación se instaló con más fuerza que nunca en el Congreso y, este miércoles, la intención de introducir una reforma al actual régimen se materializó luego de que la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados emitiera dictamen favorable al proyecto de ley, impulsado el ex diputado y actual titular del sindito de empleados judiciales, Julio Piumatto, y apoyada por Héctor Recalde, legislador del Frente para la Victoria, para modificar la normativa vigente.

El diputado no dudó en calificar como "flagelo" al sistema de tercerización, al cual acusó de haber generado las condiciones de tensión que terminaron en los referidos incidentes con el gremio de los ferroviarios.
Las compañías "tienen que hacerse responsables de las subcontrataciones. La ley exige a las empresas principales que subcontratan que sean responsables solidarias de los incumplimientos de sus subcontratistas", completó el legislador.
"El conflicto se termina cuando los ponen en blanco. Es muy difícil el combate contra esto, pero hemos logrado algunos éxitos. El gobierno de Cristina Kirchner no va a permitir la impunidad", agregó.

Recalde indicó que el proyecto introduce cambios en la modalidad de subcontratación laboral e "iguala la protección de los tercerizados con la del trabajador estable".
"Con esto evitamos que (la subcontratación) sea una vía oblicua de bajar los costos laborales a expensas de los derechos de los trabajadores", agregó el diputado.
Para el legislador, uno de los problemas de la tercerización fue que "posibilitó que empresas grandes subcontrataran para bajar sus propios costos con compañías que aplicaban convenios que no eran de la actividad específica de la principal".
Y también el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dio a conocer sus reparos a la forma en que el régimen de tercerización funciona en el país. Al respecto, advirtió oportunamente que "el problema está en que, en algunas actividades, no se utiliza la tercerización como una forma de mejorar, sino como un mecanismo de fraude laboral".

"No puede haber este nivel de extensión de tercerización", agregó y cuestionó su utilización para la "reducción de costos primitivos".
Para Tomada, esta forma de trabajo es comparable con "el empleo en negro". En este sentido, reflexionó: "Por favor, pongamos la responsabilidad primaria en donde debe estar, en quien elige que sea de esa forma. Está claro, no puede derivarse. Quien decide organizar esto es el empresario y ello no pasa solamente con los ferrocarriles".

Avanzada legislativa

El proyecto de ley, que cuenta con un amplio aval entre los legisladores, se encamina a un pronto tratamiento en el recinto.
A partir de su aprobación, y tal como reza la propuesta, "los contratantes o subcontratantes, en todos los casos, serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas por los contratistas o subcontratistas con los trabajadores y los organismos de la seguridad social".

De sancionarse, los expertos consultados por iProfesional.com advirtieron que todas las firmas que tercerizan parte de sus servicios comenzarán a enfrentar todo tipo de litigios, por cuestiones de la relación de empleo -propiamente dicha- como así también por reclamos vinculados con accidentes laborales.

Si bien coincidieron en señalar que la tercerización permite la especialización en determinadas tareas, remarcaron que la normativa vigente "genera controversias", especialmente al hacer referencia a "actividad principal" y "actividad específica y propia", respecto de las que realiza el tercero contratista o subcontratista.

A raíz de ello, sucede que son los jueces quienes finalmente deben determinar si la actividad del tercero, como así también la distribución, transporte y cobranza, resultan "parte necesaria" de la elaboración y fabricación del producto de que se trata.

Y esto fue lo que sucedió en una reciente causa, donde quedó en manos de la Justicia decidir sobre la viabilidad del reclamo de resarcimiento por despido, formulado contra la empresa principal, por parte de un trabajador tercerizado.
En este caso, como en tantos otros, se puso de relieve que la normativa vigente lleva a que los magistrados adopten criterios disímiles, al punto que el máximo Tribunal de Córdoba terminó revocando la sentencia de primera instancia y de Cámara favorables al empleado.

Un caso testigo

En esta oportunidad, un trabajador invocó la responsabilidad solidaria de una compañía que embotellaba bebidas gaseosas, la cual contrató el servicio de distribución y transporte de los packs de botellas de la firma para la cual él trabajaba y de la que había sido despedido.

En primera y segunda instancia, se condenó a la embotelladora porque la companía transportista era la encargada exclusiva de distribuir los productos mencionados.

Se concluyó que la actividad principal era la elaboración y/o fabricación de bebidas gaseosas sin alcohol, como así también la distribución, aunque ésta fuera realizada por terceros -ahi era donde jugaba el papel del trabajador despedido porque efectuaba el transporte y entrega de mercaderías y la cobranza-.

Para los jueces, el dependiente participó del cumplimiento de la actividad principal. También indicaron que la firma contratada no cumplió con las normas laborales pues estaba encuadrado en un convenio colectivo distinto al que correspondía.
La embotelladora sostuvo que el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo "pone en cabeza del empresario la responsabilidad solidaria por las deudas laborales de otro, sólo si fracciona su propio proceso productivo o al menos cede en todo o en parte el establecimiento, contratando o subcontratando trabajos que le son propios", por lo cual entendía que eso no ocurrió en este caso porque consideraba que se trataba de empresas autónomas, independientes entre sí.

Así, en este escenario, los jueces del máximo Tribunal provincial entendieron que la transportista no prestó servicios inherentes a su actividad normal, habitual y específica y agregaron que el hecho de que el demandante hiciera y rindiera cobranzas tampoco se asimilaba al concepto de venta.
En este escenario, los magistrados integrantes de la mayoría concluyeron que "las cobranzas y la consiguiente rendición de cuentas se enmarca en el cierre del ciclo de comercialización iniciado con la metodología de preventa en una red de expendedores del producto".

Para este caso particular, agregaron, "no se verifica la delegación a terceros de una etapa específica de la producción industrial que es propia del establecimiento".

Por consiguiente, no correspondía extender la condena por las obligaciones laborales incumplidas por el transportista, que era el empleador del reclamante.

El artículo 30 de cara al futuro

Para Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea, el tema "debe dar lugar a una apreciación restrictiva, pues no todas las actividades son inherentes a la que resulta ser principal, habitual, normal, permanente y específica del establecimiento ni está relacionada al logro de los fines de la empresa".
"Hay muchísimos reclamos al respecto, debido a la propia letra de la norma, que dio lugar a interpretaciones opuestas acerca de sus alcances", agregó.
Una eventual reforma -para despejar dudas y detener controversias - no tendría otra alternativa que definir lo que entiende por actividad principal y actividades accesorias o que contribuyen al fin específico de la primera", concluyó Carcavallo.
En tanto, Alberto González Torres, socio de Baker&Mckenzie, remarcó que "el error de las firmas que contratan a otras para que cumplan una actividad determinada reside en que no exigen a sus contratistas que cumplan con todas y cada una de las normas".
Por tal motivo, "la solución, en definitiva, será asegurarse que el contratista cumpla con las normas, y que si no lo hace, responda y mantenga indemne al principal", consideró.
"La solvencia de la empresa contratada es fundamental", rescató González Torres.
Juan Carlos Cerutti y Gustavo Unamuno, socios del estudio Cerutti, Andino & Asociados, indicaron que "el concepto de tercerización fue desnaturalizado y desvalorizado, y ahora se considera al mismo como una forma que tienen algunas empresas de evitar responsabilidades laborales".
"El artículo 30 debe ser modificado y poner límites a la responsabilidad solidaria en función del fin para el cual se decide tercerizar", agregaron los expertos.
"No deberían avanzar proyectos que retrotraigan el modelo de producción a la imposibilidad de participación de terceros ya que eso no parece ser el reflejo de la realidad productiva actual", destacaron.
Y concluyeron: "Esto se debe a que no es posible que una industria o prestadora de servicios, necesariamente deba saber hacer todos los procedimientos".
Fuente: Iprofesional.com

04/11/2010

Lanzan un nuevo procedimiento para el reintegro de IVA a extranjeros.

2010-11-02T13:56:00.000-03:00

La AFIP reglamentó las características que debe contener el instrumento que reemplazará al certificado anterior y sumó a otra empresa para emitirlos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó la normativa que regula el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a turistas extranjeros e instrumento un nuevo comprobante que reemplazará al existente certificado de reintegro.

A través de la resolución general 2.945, emitida este lunes en el Boletín Oficial, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray introdujo dos importantes reformas en el sistema de reintegros de IVA a extranjeros.

Por un lado, reemplazará el "cheque de reintegro" existente al día de la fecha, por un nuevo instrumento con mayores requisitos. Por el otro, incorporará una empresa más para emitir dichos certificados.

En la actualidad, existe una sola empresa autorizada a emitir los denominados "cheque de reintegro". De este modo, a Global Blue Argentina, se le sumará la firma Premier Tax Free.

Respecto del nuevo instrumento, la flamante norma establece la información con la que debe contar. Entre ellas, se destaca:

a) Código de identificación unívoca.

b) Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del vendedor y denominación o razón social.

c) Fecha de emisión del comprobante.

d) Código del tipo de comprobante: seis para la factura tipo "B" y ochenta y dos para el tique factura tipo "B".

e) Punto de venta y número de comprobante.

f) Datos del turista:

Número de pasaporte o documento de identidad.
Apellido y nombres.
Domicilio en el país de residencia.

g) Importe del impuesto al valor agregado y -de corresponder- del impuesto interno, contenidos en la factura tipo "B" o tique factura tipo "B".

h) Importe a reintegrar.

Según lo establece la resolución (a la que puede acceder haciendo clic acá), la norma se pondrá en vigencia a partir de este lunes, a excepción de los incisos a) y d) que tendrán vigencia dentro de tres meses.

Fuente: Iprofesional.com
02/11/2010

A partir de hoy las transferencias menores a $10.000 serán gratuitas.

2010-11-01T11:05:00.000-03:00

Para importes mayores rigen los nuevos topes, que no podrán exceder el 50% de las comisiones cobradas realizadas por ventanilla.

A partir de hoy, serán gratuitas las transferencias de cuentas bancarias realizadas a través de home banking o cajeros automáticos que no superen la suma de $10.000 diarios.

Para operaciones mayores, el costo máximo no podrá exceder el 50% de las comisiones cobradas por transferencias realizadas por ventanilla.
El costo de dichas transacciones varía según el tope: hasta $50.000, la comisión máxima será de $5; de $50.000 a $100.000, será de $10, y para más de $100.000, la comisión será establecida por la entidad bancaria en cuestión, aunque el tope máximo es de $300.

La medida, que fuera anunciada en septiembre por el Ministro de Economía, Amado Boudou, y la presidenta del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, también establece la creación de una cuenta bancaria gratuita, y la instrumentación del cheque cancelatorio.

El objetivo central es incrementar la bancarización y disminuir las transacciones que involucren el uso de efectivo, como parte de un plan de seguridad diseñado con el fin de reducir los casos de salideras bancarias.

Para los usuarios que deseen realizar consultas, el Banco Central de la República Argentina habilitó una línea gratuita: 0800-999-6663. También pueden efectuarse vía web, en el Portal del Cliente Bancario: www.clientebancario.gov.ar.

Fuente: Iprofesional.com

01/11/2010

La factura electrónica llega el próximo mes a los proveedores del Estado

2010-10-29T23:16:00.000-03:00

El fisco nacional pone la mira sobre cerca de 21.500 responsables que llegaron a facturar unos $700.000 millones durante el año pasado.

El fisco nacional pone la mira sobre cerca de 21.500 responsables que llegaron a facturar unos $700.000 millones durante el año pasado

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya tiene todo listo para extender la obligación de facturar electrónicamente sobre los proveedores del Estado.
De acuerdo a la resolución general 2.884, los proveedores que quieran contratar con el Estado deberán contar, a partir del 1 de noviembre próximo, con un certificado fiscal que sólo se otorgará a quienes estén adheridos al régimen de factura electrónica y no tengan incumplimientos tributarios durante los últimos cinco años.
Se trata de 21.500 números de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) que según datos del fisco nacional, el año pasado llegaron a facturar unos $700 mil millones, lo que equivale al 35% del total de la facturación de los contribuyentes que figuran como responsables inscriptos.

El marco reglamentario fue ajustado a través de la resolución general 2.939 publicada en el Boletín Oficial.

Fuente: Iprofesional.com

29/10/2010

El BCRA reglamentó la puesta en marcha del cheque cancelatorio

2010-10-29T21:56:00.000-03:00

El organismo conducido por Mercedes Marcó del Pont dio a conocer la flamante comunicación que establece las pautas a seguir al momento de confeccionar y utilizar la herramienta de pago pensada para reducir al mínimo el uso de efectivo. Acceda al texto completo de la nueva norma.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya reglamentó la puesta en marcha del cheque cancelatorio.
En efecto, a través de la comunicación "A" 5130, se establecieron las pautas a seguir al momento de confeccionar y utilizar la herramienta que busca reducir al mínimo el uso de efectivo. Para acceder al texto completo de la norma haga clic aquí.
Según el marco legal vigente, el cheque cancelatorio -un instrumento impulsado por la entidad conducida por Mercedes Marcó del Pont- constituye, por sí mismo, un medio idóneo para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero. Además, tiene los mismos efectos que los previstos para dichas obligaciones en el Código Civil.
Puntualmente, la nueva herramienta permite a los clientes bancarios, que tengan o no cuentas corrientes a su nombre, reemplazar el dinero en efectivo con órdenes de pago por montos de entre u$s1.000 y 10.000 dólares.

Pautas a seguir

En primer término la reglamentación establece que el documento tendrá que ser librado en pesos o en dólares estadounidenses, a elección del solicitante.
"Los cheques en dólares deberán ser utilizados únicamente para operaciones de compraventa de inmuebles y los endosos deberán ser certificados por escribano público", agrega la flamante comunicación.

Respecto a las pautas a seguir por los bancos y usuarios, la norma del BCRA fija que los cheques cancelatorios sean librados por las entidades financieras e indica que deberán ser presentados para su cobro en el banco en que tenga cuenta su tenedor, durante 90 días corridos, contados a partir del momento en que fueron librados.
"Una vez cumplido el plazo, dicho el tenedor sólo podrá presentarlo para su cobro ante el BCRA", añade la comunicación "A" 5130.
En relación a los endosos, el Central señala que este procedimiento podrá efectuarse sólo dos veces.
Por una parte, los endosos deberán hacerse al dorso del documento frente a un escribano, funcionario de la entidad financiera respectiva o autoridad judicial, quienes certificarán la firma. Asimismo, el segundo sólo podrá ser realizado por una persona física.
En cuanto al valor del instrumento, la comunicación fija que cada cheque cancelatorio en pesos, será librado por un monto superior o igual a $5.000 e inferior o igual a 400.000 pesos.
Si se trata de dólares, el monto oscilará entre los u$s2.500 y 100.000 dólares.
Acceso al cheque cancelatorio
De igual manera, se establece que los instrumentos de pago deberán ser comprados en la entidad financiera en donde el interesado tenga la firma registrada.
Al momento del cobro, los bancos deberán tomar los siguientes recaudos:

Verificar que el cheque cancelatorio sea presentado al cobro por el beneficiario final, que resulte de acuerdo con los datos consignados al dorso del documento o por el propio comprador.
En caso de ser el mismo comprador quien se presente al cobro, verificar que no existan endosos y que, además, tenga cuenta y firma registrada en esa entidad financiera.
De tratarse de alguno de los beneficiarios, el banco deberá constatar la regularidad de los endosos. Si se trata del primer beneficiario, tendrá que estar sólo el endoso del comprador.
Para un cheque cancelatorio en dólares, el banco debe verificar que los endosos hayan sido certificados por escribano público.
Controlar que consten los siguientes datos al dorso del cheque cancelatorio:
- Entidad financiera vendedora: código, denominación y sucursal.
- Número de transferencia.
Verificar que el instrumento de pago incluya al frente los datos del tenedor o beneficiario final.

Por último, la reglamentación establece que las personas físicas podrán comprar un cheque cancelatorio en pesos mediante un débito en su cuenta. Si el instrumento es en dólares, tendrán la posibilidad de hacerlo tanto a través de un débito como entregando dólares billetes.
Las personas jurídicas, en cambio, sólo podrán comprar cheques cancelatorios emitidos en dólares y utilizando el débito en cuenta.

Voz oficial

Complementariamente, a la emisión de la reglamentación desde el BCRA aclararon que el cheque cancelatorio es una "herramienta gratuita, ya que en ningún caso los bancos pueden cobrar un costo adicional por su utilización".

A su vez, tanto las entidades financieras como el público podrán realizar verificaciones online acerca de la legitimidad de los cheques cancelatorios, mediante un sistema de consultas que se habilitará en la página web del BCRA.
Vale recordar que, en 2001, la implementación de este instrumento no tuvo éxito debido a que estaba gravado por el impuesto al cheque y porque sólo se podían emitir por valores redondos como $10.000 o 50.000 pesos.

Fuente: Iprofesional.com

29/10/2010

Nuevas críticas a los controles de lavado de dinero antes de la misión del GAFI a la Argentina

2010-10-27T11:16:00.000-03:00

Los especialistas describen como "mala" la situación en el país. Coinciden en manifestar su preocupación por el movimiento de fondos de origen ilícito. La ex titular de la UIF Alicia López citó las causas contra Hugo Moyano y contra Felisa Miceli

La situación por el lavado de dinero en la Argentina preocupa a los especialistas en la materia, quienes alertan por la ineficacia de los vigentes controles que se llevan a cabo para evitar ese tipo de operaciones ilícitas, que en su mayoría, ocultan “delitos complejos”.

“El escenario en la Argentina es malo. El sector privado está para colaborar, la ausencia del sector público es lo que los lleva a esta situación. Venimos arrastrando el tema”, remarcó Alicia López, ex Jefa de Unidad de la Investigación Financiera (UIF) al ser consultada por Infobae.com.

López hizo énfasis en la necesidad de modificar a la UIF y convertirla en un “ente autárquico” para otorgarle mayor libertad de acción. Reconoció que es necesario reactivar el debate para definir los cambios tendientes a fortalecer el organismo y recordó que en el Congreso de la Nación se presentaron tres proyectos –del Frente para la Victoria, de la Coalición Cívica y del Peronismo Federal- para aplicar reformas en el organismo encargado de los controles para detectar operaciones de lavado de dinero.

"La UIF tiene que tener poder para actuar de oficio", opinó López al tiempo que subrayó que una de las principales funciones que debe poder realizar la unidad es llevar adelante “tareas de inteligencia” que incluyan la recopilación y el análisis de información sobre eventuales casos de lavado. “La inteligencia no brinda un poder de policía, brinda un poder de análisis”, aclaró.

López citó, entre otras, las causas contra el titular de la CGT, Hugo Moyano, y contra la ex ministra de Economía Felisa Miceli, al exponer en la jornada sobre Facultades de Supervisión y Sanción frente a la prevención del lavado de dinero, que organizó el grupo Normas Ordenadas Permanentes en la Capital Federal.

En primer lugar se refirió a la causa 18304/06 contra el sindicalista camionero por la posible vinculación entre su incremento patrimonial con los subsidios estatales recibidos por los sectores que conduce. “Moyano en 2004 recibía 1.700.000 de pesos y en 2008, 14.200.000”, subrayó al recordar algunos de los datos de la investigación y advirtió: “Hacer inteligencia implica determinar a dónde fueron a parar estos fondos y el incremento patrimonial de los sindicalistas involucrados”.
La especialista luego recordó el escándalo que se desató en 2007 con la aparición de un sobre con más de 60.000 dólares en el despacho de la entonces ministra de Economía Felisa Miceli, quien no supo determinar el origen de ese dinero y finalmente dejó su cargo en el gobierno nacional. “Por todo esto planteó que la UIF debe tener la facultad para actuar de oficio”, insistió.

Los especialistas del sector coinciden en la necesidad de iniciar debates más amplios para reformular el rol de la UIF. Al respecto, Claudia Estrecho, gerente de Riesgo Financiero y Unidad Antilavado del Banco Galicia, reveló que ya se analizan controles más estrictos para las recientemente puestas en marcha Cuentas Universales.

"Vamos a hacer controles extras sobre las cuentas. Están marcadas como un segmento aparte, en el que se estudian nuevos controles para evitar que alguien agarre a diez personas no bancarizadas y las utilice. Vamos a establecer controles a la cantidad de movimientos, suma de créditos –más allá de que hay topes-, y determinar si no hay vínculos que unan a diez personas diferentes. Estamos viento cinco o seis cosas que vamos a pedir como requerimiento para poder hacer controles más estrictos", detalló.

Las renovadas preocupaciones se producen a sólo meses del informe que difundió el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con críticas sobre la situación en la Argentina. En sus conclusiones, el GAFI advirtió que “no son efectivos” los controles que se llevan a cabo en el país para combatir el lavado de dinero. Ahora, se espera la misión del presidente del GAFI, Luis Urrutia Corral, a Buenos Aires, prevista para diciembre.

Fuente: Infobae.com

27/10/2010

Lavado de dinero: reclaman a la Argentina reforzar los controles.

2010-10-22T20:33:00.000-03:00

El organismo internacional le reclamó a la Argentina que introduzca cambios al marco vigente en un plazo perentorio de poco más de 100 días.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reclamó a la Argentina que refuerce los controles para evitar el lavado de dinero en un plazo perentorio de poco más de 100 días.

De no hacerlo, el país ingresará en un proceso que podría llevarlo a la lista "gris" de Estados bajo la lupa, con graves consecuencias financieras y bancarias.

La decisión del plenario del GAFI terminó de darle forma al documento más crítico sobre un Estado miembro del grupo desde su creación.

"El reclamo del GAFI involucra a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los gobiernos provinciales, los entes reguladores y al sistema financiero público y privado", reconoció el ministro de Justicia, Julio Alak.

En el informe final sobre la Argentina, que podría difundirse este viernes, también se alude a la corrupción. Apoyado en informes de organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la evaluación remarca la impunidad existente en este tipo de delitos, señala el matutino La Nación.

Ante este panorama, el GAFI decidió darle plazo hasta febrero próximo para que el Estado argentino demuestre su voluntad de cambio y, si no, someterlo entonces a un duro proceso más intenso y duro de revisión.

"La Argentina quedó ahora como el país con peores calificaciones entre todos los miembros del GAFI", destacó al matutino el ex coordinador nacional, Juan Félix Marteau. "Esta es otra oportunidad perdida porque durante la gestión de Néstor Kirchner se había fijado una agenda nacional que ahora le reclaman al país. Se tiraron por la borda dos años", lamentó el experto.

fuente: Iprofesional.com

22/10/2010

El BCRA activa el cheque cancelatorio contra las salideras

2010-10-21T20:21:00.000-03:00

Se pondrá en marcha hacia fin de noviembre, en el marco de la sanción de medidas tendientes a reducir la utilización de dinero en efectivo en el sistema financiero. Constituye un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo, y de uso gratuito.

La autoridad monetaria dispuso que el cheque cancelatorio "podrá ser librado en pesos o en dólares estadounidenses. Estos últimos podrán utilizarse exclusivamente para cancelar operaciones de compraventa de inmuebles. Tanto las entidades financieras como el público podrán realizar verificaciones on line acerca de la legitimidad de los cheques cancelatorios, mediante un sistema de consultas que se habilitará en la página web del BCRA".

Asimismo estableció que "quien desee comprar un cheque cancelatorio deberá hacerlo en la entidad financiera en la cual tenga una cuenta y firma registrada. La entidad librará el cheque cancelatorio por el valor que solicite el cliente, dentro de un rango que va de $5.000 a $400.000 o de u$s2.500 a u$s100.000. En caso de que el cliente necesite pagar un monto superior, podrá pedirle a la entidad que libre más de un cheque hasta cubrir el total".

Las personas físicas podrán comprar un cheque cancelatorio en pesos mediante un débito en su cuenta. Si el instrumento es en dólares, podrán hacerlo tanto a través de un débito como entregando dólares billetes. Las personas jurídicas, en cambio, sólo podrán comprar cheques cancelatorios emitidos en dólares y utilizando el débito en cuenta.

Quien desee cobrar un cheque cancelatorio también deberá hacerlo en la entidad financiera en la cual tenga cuenta y firma registrada. Las personas físicas podrán cobrarlos en efectivo o bien depositarlos en su cuenta. Las personas jurídicas, en cambio, sólo tendrán esta última opción.

Asimismo, el cheque cancelatorio podrá ser endosado hasta dos veces, siempre que el primer beneficiario sea una persona física. Los endosos deberán realizarse en el dorso del documento frente a un escribano, funcionario de la entidad financiera o autoridad judicial, quienes certificarán la firma.

Fuente: Infobae.com

21/10/2010

La AFIP requiere nuevos datos para registrar empleados.

2010-10-21T15:19:00.000-03:00

Desde el Departamento Técnico Legal de Arizmendi explican las obligaciones que deben ser cumplidas por los empleadores a partir de este mes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) requiere nuevos datos para registrar trabajadores a partir de este mes.
Desde el Estudio Arizmendi explicaron que en el momento del alta de un empleado se deberá consignar el convenio colectivo de trabajo en el que corresponda encuadrar al nuevo trabajador. Si el empleado no se hallara encuadrado en ningún convenio colectivo, deberá seleccionar la opción "excluido de convenio".

Mayores datos

Cada convenio colectivo tiene discriminadas tareas o escalafones conforme la labor que vaya a desempeñar el nuevo empleado. Según el convenio que se haya elegido, el sistema "Mi Simplificación" mostrará las diferentes categorías relevadas. También se podrá tipear parte de la descripción y la aplicación mostrará las que sean similares a lo solicitado, para que posteriormente se seleccione la deseada.

Si el convenio seleccionado no tuviera discriminadas las categorías, el sistema "Mi Simplificación" mostrará la leyenda “Sin categorías asignadas”, siendo esta la única posibilidad de selección.

Si bien el dato o campo no es nuevo, el sistema "Mi Simplificación", sugerirá un puesto de la tabla de "Puesto Desempeñado" aportada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en función del convenio y categoría indicados.

En caso de no considerarse adecuado, se podrá modificar el mismo, seleccionando cualquiera de la tabla.

Si la combinación convenio, categoría no tuviera un puesto determinado a sugerir, el sistema "Mi Simplificación" mostrará el código “9999 – seleccione puesto”, a fin de que ingrese alguno de la tabla. No se podrá continuar con el alta hasta que haya seleccionado alguno.

El campo "Grupo - Tipo Servicios" determina si se trata de tareas continuas o discontinuas e identifica si se trata de servicios comunes o diferenciados, debiendo seleccionar para estos últimos el código que corresponda, conforme la tabla provista por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Ambos ítems se incorporan en esta versión de "Mi Simplificación" como respuesta a una solicitud de la ANSES.

De este modo, se hace posible que este organismo cuente con información precisa sobre las tareas desarrolladas por el empleado, cuando las mismas cuenten con regímenes previsionales diferenciales, datos que son usados por el sistema “Mi Certificación” para la emisión de la certificación de servicios previsional.

Asimismo se establece un nuevo campo que permite informar la boca de pago para el cobro de asignaciones familiares. En el caso en que el trabajador no contara con una cuenta bancaria, la ANSES ha habilitado otros lugares de pago para las asignaciones familiares. Se podrán seleccionar entre los existentes en la tabla que fuera provista por el mencionado organismo.

El dato “CBU de la Cuenta Sueldos” no es de cobertura obligatoria, en tanto la empresa no se encuentre comprendida en el SUAF y el trabajador perciba sus asignaciones familiares por pago directo de la ANSES.

Arizmendi
Departamento Técnico Legal
Especial para iProfesional.com

21/10/2010

La IGJ ajustó el reempadronamiento masivo de compañías.

2010-10-20T20:17:00.000-03:00

Las sociedades, así como las entidades civiles y fundaciones, deberán presentar antes del 17 de diciembre próximo una declaración jurada actualizada.

La Inspección General de Justicia (IGJ) ajustó -una vez más- el marco regulatorio que puso en marcha un reempadronamiento masivo de todas las empresas.
A través de la resolución 4/2010, el organismo a cargo de Marcelo Mamberti, modificó los pasos que deberán cumplir las sociedades. Para acceder al texto completo de la norma haga clic aquí.

El renovado marco regulatorio unificó la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada actualizada. Por lo tanto, las sociedades comerciales, extranjeras y binacionales, así como las entidades civiles y fundaciones tienen tiempo hasta el 17 de diciembre próximo.

Claves

Desde Bértora & Asociados, Horacio Piñeiro, socio del estudio, explicó las claves de esta medida a iProfesional.com.

La ley orgánica de la IGJ dispone que dicho organismo tiene a su cargo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la fiscalización de:

Las sociedades por acciones, excepto por las sometidas al ámbito de control de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Las sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente;
Las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro.
Las asociaciones civiles y las fundaciones.

Piñeiro dejó en claro que "la ley, antes mencionada, establece que la IGJ tiene facultades para requerir información y todo otro documento que estime necesario".

El requerimiento, que se encuentra en plena vigencia, tiene por objeto planificar e intensificar las tareas de fiscalización ya existentes y actualizar la base de datos del organismo.

En la declaración jurada que deben presentar las compañías y las asociaciones se debe indicar:

Sede social efectiva y si está inscripta o no.
Autoridades vigentes y si están inscriptas o no.
Último estado contable presentado y ejercicios adeudados.
Última tasa anual abonada con la obligación de adjuntar la constancia sobre el estado de deuda expedida por sector correspondiente de la IGJ.
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
En el caso de sociedades comerciales, también si éstas se encuentran comprendidas en el artículo 299 de la Ley 19.550 y, en su caso, en qué inciso.

La declaración jurada deberá estar firmada por el presidente o representante legal de la compañía y certificada la firma respectiva notarialmente. Además tiene que presentarse conjuntamente con el Formulario “K” dispuesto por la resolución 2/2009.

El incumplimiento en la presentación de la declaración jurada, generará la imposición de una multa que se graduará según la gravedad de la infracción y el capital de la sociedad. Cuando se apliquen a directores y síndicos, la sociedad no podrá hacerse cargo de ellas.

A esta sanción, debe sumarse la responsabilidad específica, en caso de corresponder, a los directores y síndicos, tanto por no comunicar como por eludir o intentar eludir la fiscalización de la IGJ.

Fuente: Iprofesional.com

20/10/2010

Monotributistas: la AFIP intimará a los evasores y depurará el padrón

2010-10-20T20:11:00.000-03:00

El fisco nacional pondrá la mira sobre los contribuyentes que declararon una condición fiscal menor a la que surge de analizar sus consumos en tarjetas, movimientos bancarios, inversiones en fideicomisos, gastos de expensas y cuotas de colegios privados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzará a enviar en los próximos días intimaciones a los monotributistas que utilizan el régimen simplificado y que, según sus registros, estarían evadiendo impuestos.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder iProfesional.com, el organismo que conduce Ricardo Echegaray se encuentra procesando la información que las empresas y los particulares adheridos al Monotributo presentaron a fines del mes pasado.

En efecto, entre el 20 y 30 de septiembre pasado vencieron dos obligaciones a partir de las cuales el fisco nacional puede contar con información clave, declarada por los contribuyentes, para así luchar contra el “enanismo” fiscal.

Hace exactamente un mes venció el plazo para que los monotributistas gestionen la correspondiente recategorización cuatrimestral. El tramite consistía en actualizar su situación tributaria y el pago mensual respectivo en base a los ingresos brutos obtenidos, la superficie afectada a la actividad que realizan, la energía eléctrica consumida y a los alquileres devengados entre septiembre de 2009 y agosto pasado.

Complementariamente, el último día del mes pasado, los pequeños contribuyentes que ganan más de $6.000 mensuales también tuvieron que informar la energía eléctrica consumida y los alquileres cancelados entre enero y agosto pasado.

Los datos presentados están siendo confrontados contra indicadores de situación fiscal que la AFIP posee en su base de datos sobre los distintos monotributistas. Entre ellos se destacan:

Consumos en tarjetas de crédito y débito.
Movimientos bancarios.
Declaraciones patrimoniales.
Gastos de expensas.
Pago de cuotas de colegios privados.
Inversiones en fideicomisos.

Si del análisis surgieran marcadas inconsistencias, el fisco enviará las referidas intimaciones.

La avanzada había sido oportunamente adelantada a este medio por Carlos Sánchez, titular de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP.

“Vamos a marcarle la cancha a los contribuyentes. Luego de procesar los datos y realizar un barrido de la base del fisco invitaremos a los monotributistas que se encuentren bajo la lupa a recategorizarse como corresponde”, anticipó el funcionario.

De no obtener respuesta del contribuyente en falta, la AFIP lo recategorizará o excluirá de oficio en la medida que se trate de inconsistencias insalvables.

Recategorización de oficio
Por lo tanto, las autoridades del organismo de recaudación comenzarán a aplicar una nueva herramienta que surge en el renovado marco legal que rige el Monotributo desde principios de este año: la recategorización de oficio.
Más precisamente, la AFIP puede excluir a los monotributistas que facturan o gastan en exceso.

Con relación a la facturación, quienes estén ubicados en las categorías más altas tienen que evaluar diariamente si no superan los límites de ingresos anuales establecidos en $200.000 para profesionales y $300.000 para el resto de las actividades.

En materia de gastos, el renovado Monotributo, que rige desde enero, deja afuera a los profesionales que gasten más de $6.666 mensuales.

Puntualmente, los prestadores de servicios que facturen entre $144.000 y $200.000 no pueden tener egresos anuales por más de $80.000. Este límite equivale al 40% de ingresos de la última categoría prevista en el nuevo esquema de tributación.

La mecánica de exclusión, establecida por la resolución (AFIP) 2847, indica que “cuando como consecuencia de los controles que se efectúen, la AFIP constate la existencia de alguna de las circunstancias que determinan la exclusión de pleno derecho del Monotributo, el inspector notificará al contribuyente de tal circunstancia y pondrá a su disposición los elementos que así lo acreditan”.

“El responsable podrá, en el mismo acto o dentro de los 10 días posteriores a la notificación, presentar formalmente su descargo indicando los fundamentos y elementos que lo avalen”, agrega la resolución.

De no ser suficientes los elementos aportados, el juez administrativo que interviene en la causa dictará la resolución declarando la exclusión y dándolo de alta de oficio en el régimen general. Esto implica, comenzar a pagar el Impuesto al valor Agregado (IVA) y Ganancias.

Asimismo, cuando los monotributistas no cumplan con la recategorización cuatrimestral, o la misma fuera inexacta, “el inspector notificará al contribuyente de tal circunstancia y pondrá a su disposición los elementos que así lo acrediten, indicándole la categoría que le corresponde, juntamente con la liquidación de la deuda en concepto de diferencias de impuesto más sus accesorios”.

A su vez, le informará la sanción aplicable y que, si acepta la liquidación practicada y se recategoriza voluntariamente, quedará eximido de la misma.

El contribuyente también podrá, en el mismo acto o dentro de los 10 días posteriores a dicha notificación, presentar formalmente su descargo ante el juez.

De no ser suficientes las pruebas presentadas en el descargo, dicho juez administrativo dictará una resolución disponiendo la recategorización del pequeño contribuyente, indicando la fecha a partir de la cual operará la misma, los montos adeudados en concepto de impuesto y accesorios y la sanción aplicada.

Hernán Gilardo
© iProfesional.com

20/10/2010

Avanza la factura electrónica para determinar cuánto IVA pagará cada contribuyente

2010-10-19T13:50:00.000-03:00

Ya es obligatorio adjudicar a cada producto o servicio vendido “un código numérico, estandarizado y unívoco”. Expertos aseguran que es el primer paso para la puesta en marcha de la liquidación proforma del impuesto. En menos de dos semanas, el comprobante web llegará a laboratorios y tabacaleras.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya comenzó a preparar el terreno para la implementación de un nuevo mecanismo que calculará cuánto IVA deberá pagar mensualmente cada contribuyente.

En efecto, expertos consultados por este medio destacaron la batería de medidas que tiene como objetivo final la puesta en marcha de la declaración proforma del principal impuesto que alcanza al consumo.

Puntualmente se trata –en primer término- de la nueva obligación de informar un código numérico, estandarizado y unívoco para cada bien o servicio facturado a través del régimen de comprobantes web. A esto se le suma la reformulación del marco vigente que le permite al fisco incorporar al régimen a responsables inscriptos en el IVA.

La avanzada se completará con la llegada de la factura electrónica a laboratorios, tabacaleras y proveedores del Estado. Asimismo, el organismo que conduce Ricardo Echegaray también agilizó la operatoria para quienes generan más de 1.800 comprobantes al mes.

Por último, el paquete de medidas que conducen a la declaración proforma de IVA, se cierra con la incorporación al régimen de los monotributistas de mayor facturación.

Nuevos códigos
En efecto, a través de la resolución general 2855, la AFIP estableció que -al momento de confeccionar los comprobantes virtuales- se deben detallar los bienes y servicios vendidos adjudicando a cada artículo “un código numérico, estandarizado y unívoco”.

Mario Volman, socio del Estudio Kaplan, Volman y Asociados, aseguró que “con este sistema de seguimiento a control remoto -tanto del emisor de la factura como de quién recibe la misma- la AFIP podrá llevar a cabo un control de los inventarios de cada una de las empresas que emitan facturas electrónicas".

“De este modo, contará con información muy valiosa al momento de fiscalizar a un contribuyente pues tendrá una importante estimación de las cantidades de inventario de cada producto online y actualizado a cada fecha”, adelantó Volman.

“El cliente que recibe una factura electrónica, con los códigos de los productos numéricos y estandarizados, aún cuando no esté por el momento obligado a emitir facturas electrónicas no podrá ocultar haber perfeccionado dicha compra y, en consecuencia, se achica el mercado informal de comercialización”, concluyó el experto.

Incorporación de responsables inscriptos en el IVA
A esto se le suma la reformulación del procedimiento que le permite a la AFIP incorporar al régimen de factura electrónica a los responsables inscriptos en el IVA.

Desde el Estudio Lisicki, Litvin y Asociados, Marcos Goshi, explicó que “a través de la resolución general 2904, la AFIP le otorga un panorama más claro a aquellos contribuyentes responsables inscriptos en IVA que fueran notificados de la obligación de emitir facturas electrónicas”.

En primer lugar, se establece un plazo más razonable de antelación para notificarlos de tal obligación, siendo de 30 días hábiles administrativos.

“Esto es de vital importancia, ya que la adaptación de los sistemas de facturación requiere un plazo adecuado para la búsqueda de presupuestos, la implantación de los mismos y las pruebas pertinentes, siendo también de suma relevancia la capacitación al personal”, puntualizó Goshi.

Laboratorios y tabacaleras
Por otra parte, a partir del próximo mes el fisco nacional incorporará al régimen de facturación electrónica a laboratorios y tabacaleras.

Desde los sectores involucrados, existe cierta resistencia de los empresarios a brindar información confidencial al fisco. Puntualmente, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, advirtió oportunamente que las empresas no darán la información que no tiene relevancia a fines fiscales.

“Exigen datos confidenciales que las compañías consideran que, si se comunican, afectan sus intereses comerciales”, agregó el dirigente.

Asimismo, los empresarios también temen que la información se filtre y que la competencia pueda acceder a sus estrategias comerciales.

Al respecto, desde el Estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez y Asociados manifestaron a iProfesional.com su preocupación: “Una cosa es un procedimiento de inspección y otra muy distinta es ingresar en la web con la preocupación de que un hacker —por decisión propia o alentado por la competencia—, pueda acceder a la cartera de clientes, el plazo de pago, los descuentos y las bonificaciones”, añadieron los consultores impositivos.

Grandes operadores
A fin de potenciar el uso de la factura electrónica, el fisco también agilizará el trámite de facturación electrónica para quienes emiten más de 1.800 comprobantes al mes.

Marcelo Domínguez, coordinador de la Comisión Tributaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), explicó que "la flamante resolución 2926 pone en marcha un procedimiento especial —de carácter opcional— de emisión de comprobantes electrónicos consignando en los mismos el Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA)”.

"El nuevo mecanismo es de aplicación para los sujetos que revisten el carácter de auto-impresores, que están incluidos en el régimen de factura electrónica y que emiten más de 1.800 comprobantes en el mes", especificó el experto.

"Es muy importante la medida adoptada por la AFIP, dado que a partir de la misma los contribuyentes con grandes volúmenes de operaciones en almacenes, comercialización, facturación y distribución, podrán reemplazar la actual modalidad CAE por la nueva modalidad CAEA", precisó Domínguez.

"El nuevo régimen facilita la actividad económica de los contribuyentes con gran magnitud de operaciones, siendo que el mismo no va en desmedro del creciente control electrónico de las operaciones de ventas de bienes", concluyó el experto.

Monotributistas en la miraPor último, la AFIP ya tiene todo listo para sumar a la factura electrónica a los monotributistas que más facturen. En la primera etapa, se apuntará a quienes registren ingresos entre $12.000 y $16.667 mensuales.
A largo plazo, el organismo de recaudación busca incorporar a la factura electrónica a todos los pequeños contribuyentes comprendidos bajo las nuevas categorías que entraron en vigencia a partir del 1 de enero pasado.

Por lo tanto, una vez finalizada la avanzada de las autoridades fiscales, deberán emitir los comprobantes de manera electrónica:

Los profesionales monotributistas que facturen entre $6.000 y $16.667 al mes.
Los pequeños contribuyentes que realicen otras actividades con ingresos mensuales que se ubiquen entre $12.000 y 25.000 pesos.

En la actualidad, la emisión de comprobantes electrónicos rige para contadores y abogados –entre otras actividades- que tengan ingresos por más de $50.000 al mes.

Un objetivo común: factura proforma de IVA
Ante este escenario, Guillermo Fernández, consultor tributario, aseguró a este medio que las medidas “apuntan a tener un control online de la facturación de cada contribuyente”.

Asimismo, adelantó que en un mediano plazo “la AFIP estará en condiciones de confeccionar la liquidación proforma del IVA”. En otras palabras, el fisco nacional le dirá a cada empresa o particular el monto que deberá cancelar mensualmente.

“Obviamente la liquidación online efectuada por la AFIP estará sujeta a la aprobación de cada contribuyente”, agregó el tributarista. A modo de ejemplo, Fernández detalló que el organismo de recaudación ya efectúa la liquidación de cargas sociales para un sector de los empleadores.

Hernán Gilardo
© iProfesional.com

19/10/2010

Arrancó en Provincia el Registro de Proveedores de Motos.

2010-10-19T13:44:00.000-03:00

El gobernador Daniel Scioli creo el organismo que da un plazo de 90 días para la inscripción de los comercios que venden todo tipo de moto rodados en el territorio provincial. Es parte de las medidas para atender la problemática de seguridad vial.

El Registro Provincial de Proveedores de Motovehículos, creado por disposición del gobernador Daniel Scioli, fue reglamentado hoy dando inicio al plazo de 90 días para la inscripción de los comercios que venden todo tipo de moto rodados en el territorio bonaerense.
En el marco de las acciones puestas en marcha por el gobierno de Provincia para atender la problemática de seguridad vial y ciudadana, Scioli a través del decreto 1.092/10, creó el Registro Provincial de Proveedores de Motovehículos en el ámbito de la Dirección de Comercio, dependiente de la Subsecretaría de Industria, Comercio y Minería del Ministerio de la Producción.

Al respecto, el Jefe de Gabinete provincial Alberto Pérez explicó que "el gobierno provincial se adecua permanentemente a las demandas de la sociedad y esta resolución es fruto de un pedido efectuado al Gobernador por un gran número de intendentes del interior".

Por su parte, el ministro de la Producción, Martín Ferré, sostuvo que "el registro tiene un doble objetivo: mejorar las condiciones de circulación y protección personal y transparentar la relación de consumo. Por eso pedimos a los empresarios y a los consumidores que sean responsables, que cumplan y exijan este requisito porque de ello depende la seguridad de todos".

De acuerdo a la Resolución del Ministerio de la Producción N° 337/10, en este registro se deberán inscribir en un plazo de 90 días todas las personas físicas o jurídicas que fabriquen, importen, distribuyan o comercialicen motovehículos en el territorio provincial. Los anteriormente mencionados deberán solicitar la inscripción en la Dirección Provincial de Comercio o en el Municipio del domicilio legal del proveedor o comercio habilitado.

La normativa establece además que los comercios habilitados para la venta de motos, están obligados a entregar al comprador de un moto rodado (ciclomotor, motocicleta, triciclo o cuatriciclo) un casco reglamentario que cumpla con las condiciones mínimas de seguridad establecidas por las normas IRAM-AITA 3621, que se registrará junto con la venta.

Asimismo la disposición publicada hoy en el Boletín Oficial, determina que los comercios inscriptos en este registro provincial deberán asentar las operaciones en un Libro Especial rubricado por cada municipio que contenga la fecha y hora de venta, los datos del vehículo, del comprador y el casco entregado con el rodado.

Además, el certificado de inscripción al Registro Provincial de Proveedores de Motovehículos deberá exponerse en lugar visible dentro del ámbito donde se realizan las operaciones comerciales.

La norma también dispone que aquellos comercios que incumplan con estas medidas serán pasibles de sanciones, siendo los Municipios y la Provincia las autoridades de comprobación, verificación y juzgamiento dentro de su competencia territorial.

Para determinar las penas se aplicará una escala tarifaria que fija las multas por Unidades Funcionales (UF), equivalentes a un litro de nafta súper de menor octanaje, cuyos montos van desde las 1.500 hasta las 5.000 UF ($ 6.800 a $ 22.600).

Cómo se realiza la inscripción
Para anotarse en el registro se debe presentar el formulario de inscripción, documentación que acredite la existencia de la persona física o jurídica, fotocopia de la habilitación municipal, fotocopia de la constancia de inscripción en la AFIP con el CUIT, fotocopia del formulario de inscripción del impuesto sobre los ingresos brutos y fotocopia del folio que acredite la rubrica del libro especial obligatorio.

El trámite debe iniciarse en el Municipio, en donde se deberá entregar la documentación correspondiente, y en caso de que la misma sea insuficiente o esté incompleta, el interesado tendrá tres días hábiles a partir de la notificación para subsanarlo. Una vez recibida la documentación, el Municipio deberá caratularla y remitirla a la Dirección Provincial de Comercio dentro de un plazo de diez días.

Posteriormente la DPC, en un período de diez días, dictará el acto administrativo que apruebe la inscripción en el Registro de Proveedores de Motovehículo y remitirá inmediatamente el expediente al Municipio para la notificación y entrega del certificado al proveedor. En el caso de dictarse el acto administrativo con la denegatoria de la inscripción, el interesado podrá recurrir conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Fuente: Iprofesional.com

19/10/2010

Lavado: el país queda bajo la lupa

2010-10-17T13:43:00.000-03:00

El GAFI pondrá a la Argentina bajo revisión especial por las fallas en la investigación de delitos financieros.

La Argentina reprobará el examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, ya bajo un régimen de revisión especial, deberá demostrar de aquí a febrero su verdadero compromiso para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, según consta en el borrador confidencial de esa evaluación cuya copia obtuvo LA NACION.

El reporte -cuya veracidad confirmaron tres fuentes oficiales, locales y extranjeras- plantea que todo el arco político, nacional y provincial, deberá explicitar ese compromiso antilavado si pretende evitar que se inicie la siguiente y más complicada fase, que podría terminar con la Argentina en la "lista gris" del GAFI en octubre de 2011.

Para eso, el Gobierno y la oposición deberán acordar una larga lista de leyes, y proveer de más y mejores recursos humanos y técnicos a la polémica Unidad de Información Financiera (UIF) y a otros organismos. Estos, a su vez, deberán coordinar esfuerzos, según consta en el reporte que redactó la misión de expertos que visitó y analizó al país, en vez de "compartimentalizar" sus datos.

El informe será sometido a su último debate y aprobación desde el lunes, cuando el plenario del GAFI se reúna en París. Algunas de sus aristas más duras pueden aligerarse, estimaron funcionarios argentinos abocados a este tema, aunque reconocieron que mantendrá su núcleo crítico.

La delegación oficial en París incluirá al coordinador nacional ante el GAFI, Alejandro Strega, al titular de la UIF, José Sbattella, y a funcionarios del Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), entre otros.

Sin embargo, la comitiva mira más allá de París. Descuenta que el país será sometido a ese proceso de "revisión" especial, aunque en Francia buscarán modificar el tiempo verbal del informe para pasarlo del presente al pasado. El reporte se centraría así en lo ocurrido en el país hasta febrero de este año, cuando la entonces titular de la UIF, Rosa Falduto, dejó su lugar a Sbattella, quien aplicó las primeras multas a bancos y ordenó inspecciones a remesadoras, transportadoras de caudales y casinos.

"Aunque el GAFI no revisa lo ocurrido después de terminada su visita en el terreno, queremos mostrarle que cambió la lógica oficial, la actitud, ante el lavado", afirmó uno de los funcionarios a LA NACION. Ese "cambio de lógica", confían en el Gobierno, sí podría plantearse durante la revisión especial y, con eso, sortear el proceso de la "lista gris".

En esa línea, el Gobierno ya envió al Congreso un proyecto de ley para reformar y ampliar las facultades de la UIF. Su plan incluyó también mejorar su comunicación con algunos jugadores centrales del GAFI. Para eso, Sbattella se reunió en Buenos Aires con diplomáticos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido, Italia y España.

La UIF concentra, sin embargo, las dudas internacionales. Entre otros motivos, por su ineficacia -el informe de la misión resalta que aún tiene investigaciones pendientes de 2003- y, en los últimos meses, su posible uso político contra el Grupo Clarín y opositores como Francisco de Narváez.

El reporte expone, también, falencias en el BCRA, la CNV y la Superintendencia de Seguros. Tras decir que el país no registra aún ninguna condena por lavado de dinero en 10 años, sugiere un "plan de acción". Entre las medidas prioritarias, figura una que debería darse por descontada, pero que para los observadores internacionales aún está por verse: "Las autoridades argentinas deberían perseguir más proactivamente las actividades de lavado de dinero y los ingresos derivados de ese delito".

JOSE SBATELLA
Jefe de la UIF

Profesión: abogado Edad: 59
Desde enero es el director de la Unidad de Información Financiera, encargada de la lucha contra el lavado de dinero. Viajó a París para participar de la reunión del GAFI, en la que se esperan duras críticas a la Argentina por su falta de compromiso en la materia. Argumentará que se están aplicando reformas concretas.

Fuente: LA NACION

17/10/2010

Cuenta Gratuita Universal

2010-10-17T00:27:00.000-03:00

El B.C.R.A. desde su Portal del Cliente Bancario (www.clientebancario.gov.ar), informó que con el objeto de extender los niveles de bancarización de nuestro país, el Banco Central de la República Argentina creó este nuevo Instrumento bancario, LA CUENTA GRATUITA UNIVERSAL (C.G.U.). Su carácterística principal es que no tiene costos de emisión ni de mantenimiento y está disponible para todas aquellas personas mayores de edad que no tengan otra cuenta bancaria.

La CGU sólo puede constituirse en Pesos y tiene asociada una Tarjeta de Débito. Dicha tarjeta permite operar sin cargo a través de los cajeros automáticos del Banco que habilite la Cuenta y, a la vez, comprar en comercios con el beneficio de la devolución del 5% del I.V.A. (siempre que la compra sea inferior a $ 1.000.- y el comercio NO sea Monotributista). También permite depositar cheques o adherir al débito automático para el pago de servicios, entro otros beneficios.

El único documento necesario para abrir una CGU, es el DNI. Se permitirá abrir solamente una Cuenta Gratuita Universal por persona. Aquellos extranjeros que acrediten al menos un año de residencia en el país y no tengan DNI, pueden acceder a esta CGU presentando el documento del país de origen y las constnacia del DNI en trámite.

Quienes poseen una Cuenta para el cobro de la Asignación Universal por Hijo, podrán además ser titulares de una CGU.

Esta Cuenta no admite que el total de acreditaciones (depósitos en efectivo, en cheques, transferencias, etc.), supere los $ 10.000.- en el mismo mes. Asimismo aquellas Cuentas cuyo saldo promedio de los últimos tres meses sea mayor a $ 10.000.-, deberán ser cerradas y el cliente deberá esperar un período de seis meses desde la fecha de cierre para volver a pedir su apertura en ese mismo Banco o en otro.

En la CGU NO ESTA PERMITIDO girar en descubierto, ni efectuar ninguna clase de sobregiro, ya que ningún movimiento puede generar saldo deudor.

A diferencia de otro tipo de Cuentas, en la CGU, el Banco no está obligado a enviar periódicamente un Resumen de Cuenta. En su reemplazo los cajeros automáticos del Banco donde radique la CGU deben brindar sin cargo un ticket en el que figuren el saldo y los úlimos diez movimientos realizados. En caso de que se utilice el débito automático, la Entidad Financiera emitirá sin cargo un Resumen semestral con el detalle de los movimientos y pago de impuestos y servicios que estará a disposición en cualquiera de sus sucursales.

Si se vincula algún otro producto a la cuenta (por ejemplo una Tarjeta de Crédito), el mismo generará costo para el Cliente.

Una persona que ya sea titular de una Cuenta Bancaria (de Ahorros, Cuenta Corriente, Cuenta Básica, etc.), debe cerrar previamente su cuenta para abrir una CGU. A su vez, quienes ya tienen una CGU y deseen abrir una Cuenta de otro tipo, deberían cerrar primero la Cuenta Gratuita.

Una CGU puede cerrarse por decisión de su titular o del Banco. En el primer caso, el titular de la Cuenta debe presentarse en el Banco, retirar el saldo y cerrarla. La entidad le entregará una constancia del cierre sin cargo para el cliente.

A su vez, el Banco podrá cerrar la CGU, si la mismo no registró movimientos o saldo alguno por más de un año. En todos los casos, el Banco deberá comunicar por correo mediante pieza certificada con un plazo no inferior a 30 días corridos antes de proceder al cierre y traslado de fondos de saldos inmovilizados.

Todos los Bancos y otras Entidades Financieras que posean en su red más de 10 cajeros automáticos están obligados a ofrecer esta nueva cuenta al público a partir del 18/ Octubre/ 2010.

El BCRA habilitó para Consultas y Reclamos una Línea Telefónica Gratuita: 0800 999 6663 en el horario de 10.00 á 15.00 horas o por e-mail a: clientebancario@bcra.gov.ar.